‘La Escuela es Nuestra’ sí tiene mecanismos de control y supervisión, señala senador
La reciente tragedia ocurrida en una escuela de San Pedro, que cobró la vida de un menor, ha generado una profunda consternación en la comunidad y ha reavivado el debate sobre la seguridad en los planteles educativos.
En este contexto, el senador Luis Fernando Salazar Fernández hizo un llamado urgente a la responsabilidad institucional y a evitar el uso político de la desgracia.
“Se trata de una tragedia dolorosa que nadie desea”, expresó el legislador. “Quiero hacer un llamado a no caer en la bajeza de lucrar políticamente con la tragedia. No es momento de sacar provecho, sino de asumir responsabilidades y trabajar por soluciones reales”.
El senador se refirió a declaraciones recientes de la alcaldesa de San Pedro, Brenda Güereca, quien afirmó que su administración había cubierto los gastos funerarios del menor fallecido. Según Salazar, esta afirmación fue desmentida por la propia comunidad y calificó la declaración como “alejada de la realidad”.
Destacó los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal en materia de infraestructura educativa a través del programa “La Escuela es Nuestra”. Desde 2019 hasta 2024, se han intervenido 2,876 inmuebles escolares en Coahuila, con una inversión superior a los 1,469 millones de pesos.
Estas acciones, explicó, no se limitan a reparaciones menores, sino que incluyen obras mayores como construcción, rehabilitación, ampliación y modificación de espacios escolares.
“No se trata de entregar dinero a los padres de familia para que hagan las obras por su cuenta. Hay una normatividad clara, reglamentos de construcción estatales y federales, y supervisión técnica por parte de autoridades competentes”, aseguró.
Salazar subrayó que el programa cuenta con mecanismos de control técnico y una estructura de corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno.
“Cada obra debe cumplir con las normas locales y federales. Se asignan responsables técnicos que garantizan la seguridad estructural de las edificaciones. Evidentemente, en este caso algo falló, y eso debe investigarse y sancionarse”, afirmó.
El senador insistió en que no se puede descalificar un programa que ha beneficiado a miles de escuelas en todo el país.
“No es un programa improvisado. Tiene reglas de operación, supervisión y participación de autoridades federales y estatales. Lo que ocurrió es una excepción dolorosa, no la regla”, puntualizó.
Mencionó que, en respuesta a la tragedia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal ha ofrecido establecer una mesa de trabajo conjunta con la SEP estatal para reforzar los mecanismos de supervisión y evitar que se realicen obras sin dictámenes técnicos previos. El senador informó que el Gobierno Federal ha estado en contacto permanente con el gobernador de Coahuila y ha asumido la cobertura de los gastos funerarios, así como el acompañamiento a la familia afectada.
Salazar reiteró su llamado a que cada actor involucrado -autoridades, comités escolares, responsables técnicos y sociedad civil- cumpla con su parte.
“Es momento de actuar con responsabilidad, de revisar los procesos, de corregir lo que haya fallado y de garantizar que ninguna familia vuelva a pasar por una tragedia como esta”, dijo.
