George Orwell
Una de las decisiones más importantes y difíciles para un gobernante es saber cuándo usar la fuerza pública. Maquiavelo afirmaba en El príncipe que "es mejor ser temido que amado", pero la Italia renacentista era muy diferente a una democracia moderna.
En mi opinión, la fuerza pública debe usarse solo para combatir a delincuentes, pero para este propósito su uso es obligatorio. Los dictadores han recurrido a ella para atacar a la oposición, como hicieron Stalin, Mao y Fidel Castro, y ahora Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, entre otros; pero en México el uso ha sido errático. El expresidente López Obrador promovía una filosofía de "abrazos, no balazos" para combatir el crimen y sostenía que las policías debían tomar en cuenta que "los delincuentes también son seres humanos y merecen nuestro respeto". Sus secretarios de seguridad no tenían conocimientos sobre seguridad. La presidenta Sheinbaum ha dejado de promover los abrazos en vez de balazos y ha designado a un policía de carrera, Omar García Harfuch, a la cartera de seguridad. Es un cambio.
Sin embargo, no ha habido claridad sobre el uso de la fuerza pública en manifestaciones. Con el argumento de que el gobierno no es represor, se ha permitido que manifestantes, usualmente encapuchados, comentan delitos. La policía no intervino en las violentas movilizaciones de los normalistas de Ayotzinapa ni en la manifestación del 2 de octubre, cuando algunos participantes agredieron a policías y robaron mercancía de joyerías y otros comercios. En la manifestación de la Generación Z del 15 de noviembre un grupo de encapuchados, al parecer provocadores, llegó al Zócalo antes que la marcha y buscó derribar la valla que protegía Palacio Nacional y agredir a los granaderos detrás. Estos reaccionaron, cuando se les permitió, con furia, pero no contra los encapuchados, sino contra manifestantes desarmados y pacíficos.
La colombiana Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, ha señalado: "Recibo con preocupación información sobre excesivo uso de la fuerza y de armas menos letales con manifestantes pacíficos y periodistas". Pidió al gobierno mexicano "detener la estigmatización de la protesta pacífica", cosa que ha hecho la presidenta Sheinbaum; "respetar el principio de diferenciación de participantes con comportamientos violentos", como los encapuchados; "investigar posible infiltraciones", incluso de agentes provocadores; "garantizar la atención necesaria a las personas heridas"; y "garantizar la independencia judicial para esclarecer los hechos", lo que será difícil con los "jueces de acordeón" que tenemos.
Puede ser tan injusto no usar la fuerza pública contra delincuentes, incluso en manifestaciones, como emplearla para amedrentar a opositores. No es fácil, por supuesto, manejar a los elementos de seguridad. Cuando alguien, finalmente, dio la orden a los granaderos del Zócalo de responder a las agresiones del sábado, estaban ya enfurecidos. Golpear a manifestantes desarmados no es justo ni legal, pero se entiende después aguantar piedras, bombas Molotov y golpes.
Las peticiones de la relatora Romero son impecables. La presidenta debe abstenerse de estigmatizar las movilizaciones de la oposición. Las policías necesitan cambiar sus protocolos. Permitir robos y agresiones de algunos, los aliados, y reprimir a otros, los opositores, es inaceptable. La policía debe detener a los agresores, pero sin golpear a manifestantes pacíficos. No es tan difícil.
ERRORES
La reasignación de slots del AICM a aerolíneas estadounidenses y el rediseño del espacio aéreo del valle de México son un reconocimiento del daño que generaron las ocurrencias de AMLO. Ojalá fueran más lejos y aceptaran el error de cancelar el NAIM.
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