La informalidad laboral alcanza a 33.1 millones de personas, es el segundo pico más alto en 2025
La informalidad laboral en México continúa su tendencia al alza y alcanza cifras preocupantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en septiembre de 2025 la población ocupada en el país se ubicó en 60.2 millones de personas, de las cuales 33.1 millones laboran en condiciones de informalidad. Esta cifra representa el segundo punto más alto del año y refleja una problemática estructural que afecta a más de la mitad de la fuerza laboral nacional.
Según el seguimiento de ManpowerGroup, la tasa de informalidad laboral para el noveno mes del año fue de 54.9%, lo que representa un incremento de 0.7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024, cuando se ubicó en 54.2%. En términos absolutos, esto significa que cerca de 900 mil personas más se sumaron a la informalidad en el último año.
El comportamiento mensual de este indicador en 2025 muestra una tendencia ascendente. El año comenzó con 32.2 millones de personas en la informalidad. En febrero la cifra subió a 32.3 millones, en marzo a 32.5 millones, en abril a 32.7 millones, en mayo a 32.9 millones, y en junio alcanzó los 33 millones. El punto más alto se registró en julio con 34.1 millones de personas, seguido de una ligera baja en agosto (32.6 millones), para volver a repuntar en septiembre con 33.1 millones.
Este fenómeno no es nuevo, pero sí persistente. Históricamente, la tasa de informalidad en el mes de septiembre ha oscilado en niveles similares: en 2020 fue de 54.9%, en 2021 subió a 56.2%, en 2022 se ubicó en 55.6% y en 2023 descendió ligeramente a 54.3%. Sin embargo, la cifra actual vuelve a colocar al país en una zona de alerta, especialmente por el impacto que la informalidad tiene en la calidad de vida de millones de personas.
Trabajar en la informalidad implica, en la mayoría de los casos, carecer de acceso a seguridad social, prestaciones laborales, estabilidad contractual y mecanismos de protección frente a abusos o accidentes. Además, limita las posibilidades de ahorro para el retiro y reduce la capacidad del Estado para recaudar impuestos y financiar políticas públicas.
