La Ley de la Guardia Nacional, un riesgo para los derechos en México, advierte Article19
El 24 de junio la Cámara de Diputados aprobó la Ley de la Guardia Nacional junto con reformas clave a leyes secundarias. Estas medidas, lejos de fortalecer el estado de derecho, consolidan un esquema de vigilancia sin controles ni garantías mínimas, según Article19.
Uno de los puntos más alarmantes es que estas reformas permiten a la Secretaría de la Defensa Nacional procesar y utilizar información con fines de inteligencia bajo el argumento de la “seguridad nacional”, sin establecer salvaguardas ni mecanismos de supervisión. Además, eliminan la exigencia de autorización judicial para que la Guardia Nacional acceda a datos conservados por empresas de telecomunicaciones y a la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles.
ARTICLE 19 advierte que la vigilancia ilegal por parte del Ejército no es un riesgo hipotético, sino una práctica documentada.
La investigación Ejército Espía reveló que esta vigilancia ha sido utilizada contra periodistas, activistas, académicas y hasta servidores públicos, sin consecuencias legales para los responsables.
También se autoriza nuevamente la operación encubierta por parte de la Guardia Nacional, a pesar de que la Suprema Corte ya había invalidado esta facultad en 2023, por representar una técnica que facilita violaciones a derechos como la privacidad y la no autoincriminación.
Estas reformas se votan en un periodo extraordinario del Congreso, sin discusión abierta, sin análisis técnico y sin rendición de cuentas. En conjunto, constituyen una amenaza grave a los derechos humanos.
Se aprobó también la interconexión de bases de datos públicas y privadas para que autoridades, incluido el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), accedan a ellas sin controles. Y con la CURP biométrica obligatoria y la plataforma Llave MX, el Estado tendría una herramienta para rastrear en tiempo real la identidad de cada persona en México.
Finalmente, las reformas a la Ley de Telecomunicaciones profundizan la vigilancia al mantener el acceso sin control judicial a datos personales, ampliando además el universo de “instancias de inteligencia” con acceso irrestricto y sin transparencia.
Estas modificaciones consolidan un poder de vigilancia militar sin frenos, debilitan los contrapesos institucionales y erosionan los pilares de una democracia funcional.
ARTICLE 19 y otras organizaciones exigen al Congreso que frene estas iniciativas y recuerde que su mandato es proteger los derechos, no habilitar su vulneración.
