La Ley Silla entra en cuenta regresiva, empresas tienen hasta el 17 de diciembre para cumplir

A un mes de que venza el plazo oficial, las empresas se encuentran en la recta final para cumplir con la llamada “Ley Silla”, una reforma laboral que busca garantizar condiciones más dignas para las personas trabajadoras en el sector comercial, de servicios y actividades análogas. El próximo 17 de diciembre es la fecha límite para que los centros de trabajo implementen esta medida, que obliga a proporcionar asientos adecuados a quienes laboran de pie durante largas jornadas.

La secretaria del Trabajo en el gobierno de Durango, Berenice Morales de Ávila, confirmó que desde hace meses se ha trabajado intensamente en la socialización de la norma, realizando visitas a cámaras empresariales, centros comerciales y diversos espacios laborales.

“Hemos hecho verificaciones en centros de trabajo donde, hay que reconocerlo, muchos ya tienen muy avanzado ese tema. Incluso empresas que no están obligadas por la ley se han sumado a esta causa, lo cual merece destacarse”, señaló.

La Ley Silla, reformada recientemente, establece que los empleadores deben garantizar que sus trabajadores tengan acceso a sillas o asientos cuando sus funciones lo permitan, evitando que permanezcan de pie de manera innecesaria. Aunque la medida aplica principalmente a establecimientos comerciales y de servicios, se ha observado una respuesta positiva de otros sectores que, sin estar obligados, han decidido adoptar la norma como parte de su compromiso con el bienestar laboral.

Morales de Ávila reconoció que, como en toda nueva disposición, ha habido cierta resistencia y desconocimiento, pero enfatizó que el cumplimiento es obligatorio.

“Después del 17 de diciembre, la verificación del cumplimiento de la Ley Silla se sumará a nuestras inspecciones regulares. Si detectamos que no se está cumpliendo, procederemos con el mecanismo administrativo sancionador”, explicó.

Las multas por incumplimiento se determinarán según un tabulador que considera el tamaño de la empresa, el número de trabajadores y la rama industrial. Sin embargo, la funcionaria aclaró que el objetivo no es castigar, sino mejorar las condiciones laborales. “No se trata de una cacería de brujas ni de una medida recaudatoria. Es una acción que busca proteger los derechos de los trabajadores y ayudar al empleador a mantenerse dentro del marco legal”, afirmó.

Además, advirtió que no solo la Secretaría del Trabajo estatal puede intervenir, sino también la Secretaría Federal del Trabajo, que cuenta con sus propios mecanismos de sanción. Por ello, hizo un llamado a los empleadores a cumplir con la normativa antes de que venza el plazo, destacando que se trata de un “ganar-ganar” para ambas partes: estabilidad laboral para los trabajadores y seguridad jurídica para las empresas.

La funcionaria también compartió que, tras visitar diversos centros comerciales, se ha observado un avance significativo en la implementación de la ley, aunque reconoció que aún hay sectores que necesitan acelerar el paso.

“Estamos en cuenta regresiva. La recomendación para quienes aún no han cumplido es que lo hagan ya. No hay más tiempo que perder”, concluyó.