Aunque se encuentra en medio de vicisitudes legales y operativas en torno a su implementación, lo cierto es que el proceso electivo judicial está en marcha. En efecto, a pesar de la vigencia de la rispidez entre los argumentos de los promoventes y detractores de la reforma judicial, es un hecho que, del 30 de marzo al veintiocho de mayo, habrá campañas oficiales de las y los miles de candidatos a una magistratura o para ser juez, tanto en el ámbito federal como en el local. Al respecto, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya estableció reglas para llevarlas a cabo, como que los partidos están impedidos de cualquier participación en las mismas, que no habrá dinero público para esas campañas, que los particulares tienen prohibido pronunciarse a favor o en contra de nadie y que ni siquiera las personas que aparecerán en las boletas pueden usar su dinero para darse a conocer entre sus electores potenciales, que sólo estará permitido hacer publicidad en redes sociales y en papel, que no podrán contratar, por sí o a través de un tercero, espacios en medios de comunicación (comerciales), espacios físicos (espectaculares o pendones), impresos (revistas, periódicos) o digitales. Luego entonces, ¿cómo harán campaña las candidatas y candidatos? Es una incógnita, tendrán que ser muy creativos, pero ni duda cabe que su participación en debates o conferencias en el seno universitario tendrá una gran demanda. ¿Qué papel asumirán las universidades frente a ese mercado inevitable durante las campañas de la elección judicial sabiendo que buena parte de la academia del Derecho, concentrada en la mayoría de las Facultades y Escuelas de Derecho del país, se ha manifestado en contra de la reforma?
Por supuesto que las universidades públicas no deben convertirse en arena de las contiendas por cargos judiciales. La clase política no debería tomar los espacios universitarios para dirimir sus enfrentamientos. Sin embargo, considero que las universidades sí deberían generar áreas de oportunidad para que estudiantado y profesorado participen en la discusión académica de las propuestas de las distintas candidaturas a cargos judiciales. Esto, simple y sencillamente porque en toda democracia, las universidades deben ser el espacio ideal de deliberación de cualquier tema de la agenda pública, sin censura previa. Las universidades son el espacio natural de convivencia de la pluralidad social, ideológica y política, y de ahí la pertinencia de que colaboren en el análisis y nutran el debate durante las campañas judiciales. En algún momento, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convinieron con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la realización de foros en diversas universidades, en las que, personas académicas que hacen investigación y docencia en los estados, analizaban y debatían junto con candidatos, candidatas y representantes de los partidos políticos, la pertinencia de sus propuestas. ¿Por qué no hacerlo ahora en el marco de las campañas de la elección judicial? No nos equivoquemos, la organización de espacios de debate y deliberación no convierte a las universidades en propagandistas de temas de la agenda política, sino en generadoras de áreas de oportunidad para promover el voto informado, asunto que no es menor, puesto que tienen la responsabilidad de que el estudiantado y profesorado conozcan, debatan y analicen las propuestas de las distintas candidaturas en cualquier proceso democrático.
Hasta hace unos años prevalecía la cerrazón y el control, el miedo a que las trincheras universitarias fueran espacio para discutir y debatir sobre cualquier tema, por incómodo que fuese. Recuerdo que, en 1995, no se atendió la petición que hicimos distintos estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas para que la mesa de Derechos y Cultura indígena entre el gobierno federal y el EZLN se celebrara en las instalaciones de la Universidad y no a una cuadra de ahí, en un salón de fiestas. No fuimos escuchados, prevaleció el miedo y el afán de control. Pero, ahora hay otras condiciones, hay una mayor y mejor apertura, al grado que, en las campañas de las últimas elecciones, las universidades han sido un espacio recurrente de debate y deliberación. Un ejemplo notable es el de la Universidad Iberoamericana, que desde hace poco más de dos décadas ha recibido a personas candidatas con la intención de que su comunidad universitaria conozca de primera mano sus propuestas. La clave de estos ejercicios es la inclusión, dar la oportunidad a todas y a todos de presentarse, garantizar que sean espacios que fomenten la participación estudiantil activa, el cuestionamiento libre y abierto y, por supuesto, la actuación responsable de los participantes. La experiencia demuestra que, cuando se cuidan estos aspectos, los encuentros en universidades se convierten en espacios cruciales para el diálogo democrático y la confrontación de ideas, se enriquece el debate político y se fortalece la democracia al impulsar la rendición de cuentas y la transparencia. Abrir estos espacios deliberativos dentro de la comunidad universitaria es una señal de apertura democrática y de contribución a la formación de una ciudadanía crítica. Esto -que podría parecer secundario en otro momento histórico- es fundamental en una coyuntura global donde no debe perderse de vista que el libre cuestionamiento y la participación, son elementos insoslayables para mantener nuestra vida democrática.
