Ley de Aguas es un retroceso para el derecho humano, señalan organizaciones civiles
La entrega del dictamen del proyecto legislativo en materia de agua por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la Cámara de Diputados ha generado fuertes críticas de organizaciones ciudadanas. La Coordinadora Nacional Agua para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua alertaron que el documento busca perpetuar la llamada “ley salinista” con cambios mínimos, cuando por mandato constitucional debería reemplazarse por una Ley General de Aguas que garantice el acceso equitativo y sustentable, con verdadera participación ciudadana y gubernamental.
Elizabeth Estrada, vocera de la Contraloría Autónoma del Agua de La Laguna, denunció que el proyecto fue dictaminado por la propia Conagua, sin integrar las propuestas surgidas en los Parlamentos Abiertos Ciudadanos ni en las Audiencias Públicas organizadas por el Poder Legislativo. Señaló que el dictamen incluye un capítulo dedicado a promover la privatización de obras hidráulicas y sistemas de agua y saneamiento, a pesar de las experiencias negativas que esta práctica ha dejado en distintas regiones del país.
Entre las principales críticas se encuentra la discrecionalidad en el cobro de derechos a los grandes concesionarios industriales y de servicios, quienes actualmente solo pagan sobre el 20% de los volúmenes concesionados. Además, se mantiene la figura de los Consejos de Cuenca, donde únicamente están representados los grandes concesionarios, excluyendo a comunidades indígenas y sectores sociales afectados por la contaminación y el sobreconcesionamiento de acuíferos.
Las organizaciones advierten que el dictamen conserva estructuras y mecanismos que durante más de tres décadas han provocado la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de cuerpos de agua y la marginación hídrica de amplios sectores de la población. También se denuncia la ausencia de medidas para proteger acuíferos kársticos, especialmente en la península de Yucatán, donde la permeabilidad del suelo facilita la contaminación directa de las aguas subterráneas.
La falta de disposiciones para enfrentar los daños irreversibles generados por la fracturación hidráulica (fracking), práctica que amenaza la calidad y disponibilidad del agua en diversas regiones, es otro punto crítico.
Agua para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua plantean que los diputados presenten reservas al dictamen para garantizar modificaciones sustanciales. Entre ellas destacan prohibir la privatización de servicios de agua y saneamiento; eliminar la discrecionalidad en la extinción de concesiones, protegiendo a pequeños agricultores; reemplazar los Consejos de Cuenca por órganos representativos que incluyan pueblos indígenas, comunidades afectadas y defensores ambientales; establecer mecanismos obligatorios para reducir el sobreconcesionamiento; y afinar las sanciones para que recaigan en los responsables de las infracciones y no en trabajadores de bajo nivel.
Las organizaciones recalcan que el agua es un derecho humano reconocido por la Constitución y por pactos internacionales vinculantes para el Estado mexicano. Por ello, insisten en que el poder Legislativo debe actuar como contrapeso frente a lo que consideran una violación sistemática de derechos por parte de la Conagua.
