José Mario de la Garza, abogado
Arturo Zaldívar, el expresidente de la Suprema Corte convertido en funcionario de la Presidencia, afirmó ayer: "Estamos inmersos en una campaña de desinformación en la que se busca hacer creer a la opinión pública, a la gente, que las reformas a la Ley de Amparo recientemente aprobadas son regresivas y limitan la defensa de las personas. Quienes han criticado y están criticando el amparo, en su inmensa mayoría, lo están haciendo por razones interesadas, o porque son empleados o abogados de deudores fiscales muy conocidos o porque son comentócratas aliados al viejo sistema del PRIAN. o porque se trata de jueces o magistrados que se vieron afectados por la reforma judicial y mienten deliberadamente".
El problema es que la reforma sí es regresiva: limita los derechos individuales, otorga mayores poderes al Estado, descarta la posibilidad de obtener suspensiones en muchos casos y elimina la responsabilidad personal de los funcionarios cuando violan la ley. Es la reforma de un régimen autoritario.
Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y hoy diputada de Morena, argumentó: "Me preocupan, por ejemplo, las acciones colectivas, o difusas, como son las promovidas por la comunidad LGTB, por consumidores, por pueblos y comunidades indígenas, por grupos vecinales, por defensores del medio ambiente o por trabajadores jubilados". Con el nuevo concepto de interés legítimo, "se les exigiría demostrar la lesión jurídica individual y colectiva o un beneficio cierto derivado de la anulación del acto reclamado", lo cual restringe "el acceso a la justicia constitucional".
Claudia de Buen, del Bufete de Buen, dice: "La verdad es que el amparo ya no tiene este carácter de protector de los derechos de las personas. Las reformas son más bien protectoras de las autoridades". Los problemas más graves son "la suspensión del acto reclamado y el interés legítimo para poder promoverlo. y desde luego la retroactividad. La suspensión es el punto garantista del amparo., garantiza que el acto que uno reclama no se ejecute hasta que se resuelva si es conforme a derecho o no". Sin la suspensión, "el amparo ya no función[a] como tal". La autoridad podrá continuar realizando actos ilegales en los "amparos administrativos", los de empresas con licencias, concesiones, autorizaciones o permisos del gobierno. La UIF podrá bloquear las cuentas de una persona solo por ser homónima de otra, pero la víctima no podrá tramitar una suspensión hasta "la publicación de la convocatoria de remate".
José Mario de la Garza, presidente de Perteneces A.C., advierte: "Tiraron la Ley de Amparo al basurero -literal y metafóricamente--, como si el derecho pudiera abolirse por decreto y el abuso necesitara legalización". El activista Max Kaiser escribe: "La nueva ley de desamparo te deja expuesto ante el abuso de la autoridad". El doctor Éctor Jaime, diputado del PAN, señala: "Si el gobierno no te quiere dar un medicamento, una organización civil no podrá defenderte". Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sentencia: "La versión final de la reforma Sheinbaum al amparo endurece las suspensiones, restringe derechos y mantiene la retroactividad -disfrazada, pero ahí sigue--. Estamos frente a una nueva regresión, escrita en el más burdo abogañol y aprobada sin rubor".
Zaldívar afirma que la reforma solo agiliza procesos, pero la verdad es que limita los derechos individuales y permite al gobierno abusar de las personas. a las que deja desamparadas.
PODERES
El poder judicial ya está controlado por el ejecutivo y el amparo debilitado. Hay razones para sentir temor ante los poderes que el gobierno se ha dado a sí mismo con su espuria mayoría calificada en el Congreso. Es un golpe contra el estado de derecho, como el de Hugo Chávez de 2004 en Venezuela.
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