Macondo, la localidad ficticia inventada por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, representa el lugar en que mito y realidad se entrelazan para explicar la capacidad de adaptación humana ante los avatares de la vida y la historia. Cuando uno lee, o relee, la novela, es imposible no asociarla con la mitología que caracteriza a gobiernos que se denominan de izquierda. Tan pronto se ponen la etiqueta, asumen una serie de valores absolutos que se convierten en fardos que les impiden avanzar sus propios objetivos.
Nadie puede dudar de la importancia histórica, tanto en términos económicos como políticos y de identidad, del petróleo en México. El petróleo es un componente central del nacionalismo mexicano y ha sido la fuente más importante de recursos para la construcción del México moderno a lo largo del siglo XX. Su contribución financiera es indisputable y trascendental. Pero esa es la historia, no la realidad de hoy. Tomando a PEMEX como entidad, cada vez contribuye menos al erario para convertirse en un lastre creciente. La pregunta es si el gobierno tendrá la capacidad y disposición a actuar frente a esta realidad o si seguirá desperdiciando escasos recursos fiscales para preservar el statu quo de una empresa mal administrada, corrupta y cada vez más costosa.
Yo no soy experto en petróleo, pero los informes de PEMEX y el nuevo plan estratégico no dejan lugar a duda: aún con todos los costos excesivos de la entidad y la corrupción que la carcome, la extracción de petróleo es tan rentable que sigue arrojando números positivos. Sin embargo, la refinación es la división de la empresa que pierde dinero de manera sistemática y creciente. No sólo eso: la nueva refinería, si es que algún día entra en operación, está localizada lejos de los mercados a los que dirigiría su producción y no existe conexión vía ducto para llevarla a su destino. Es decir, además de costosa en su diseño y construcción, su operación va a multiplicar las pérdidas, ya de por sí cuantiosas, de la entidad. Cualquier administración sensata llegaría a la obvia conclusión de que hay que seguir produciendo petróleo y cerrar la refinación, pues, de lo contrario, el dren de recursos fiscales va a ser de tal magnitud que acabará paralizando (si no es que quebrando) al gobierno en un plazo no muy distante.
El asunto no es de carácter ideológico. Si uno observa al resto del mundo, hay empresas paraestatales excepcionalmente exitosas que le rinden frutos positivos a sus gobiernos y poblaciones. En India, por ejemplo, la paraestatal petrolera IOCL está listada en los mercados financieros, tiene administradores profesionales y un consejo integrado por personas independientes que supervisan cada decisión y que garantizan independencia respecto a criterios políticos.
Aramco, el gigante petrolero saudita también está listada en las principales bolsas de valores del mundo y es administrada por técnicos y profesionales, muchos de ellos, si no es que la mayoría, extranjeros. Como principal fuente de financiamiento del gobierno saudita (en una proporción de órdenes de magnitud superiores a cualquier cosa que PEMEX haya sido en su historia), la empresa tiene como mandato explotar los recursos (finitos) del subsuelo de manera sustentable. Durante la pandemia, la empresa siguió pagando a sus contratistas y oferentes de servicios para asegurar la buena marcha de la empresa, razón por la cual no tiene adeudos pendientes que entorpezcan su desempeño en la actualidad, como le ocurre a PEMEX.
Tanto India como Arabia Saudita siguen principios similares en ámbitos como el de las concesiones para la construcción del metro, carreteras de peaje y refinerías. En lugar de ver a las empresas paraestatales como artículos de decoración o cotos de intereses partidistas, sindicales, empresariales o políticos, las conciben como factores clave para el desarrollo de sus naciones.
El problema de PEMEX (y de CFE) no es que sean propiedad del gobierno, sino que funcionan como burocracias políticas dedicadas a todo menos a su cometido formal. Con pequeñas excepciones notables, prácticamente todos sus administradores a lo largo del tiempo han representado intereses particulares que vieron su estancia en la empresa como oportunidad para lucrar y no para contribuir al desarrollo general del país.
La pregunta que el gobierno tiene que hacerse es si el statu quo constituye una realidad inexorable e inamovible o si la nueva realidad de PEMEX -dejando de ser fuente de recursos- constituye una oportunidad para tomar decisiones difíciles pero inevitables. Tarde o temprano, este gobierno o alguno que le siga tendrá que encarar la realidad. La cuestión es qué vale más: el desarrollo del país (y la sobrevivencia financiera del gobierno) o una mitología desgastada sin sustento en la realidad actual.
En un mundo ideal, el gobierno se abocaría a reformar a PEMEX y cerraría la refinación. La idea de privatizar la empresa, noción que muchos añoran, es simplemente absurda, pero hay mejores maneras de administrar una fuente de riqueza tan grande que como se ha hecho pues, de facto, se ha privatizado a través de la corrupción. Como dice la trillada frase de que una crisis es también una oportunidad, PEMEX es hoy una oportunidad excepcional.
Ático: PEMEX, esa fuente interminable de riqueza y corrupción, trae al gobierno entre la espada y la pared porque en lugar de aportar recursos, es el mayor dren de oportunidades que jamás haya existido
