Lizette Farah demanda a Netflix por daño moral tras la serie del caso Paulette
A más de 15 años del caso Paulette, uno de los episodios más mediáticos y controvertidos en la historia reciente de México, Lizette Farah, madre de la menor fallecida, decidió llevar el caso nuevamente a los tribunales. Esta vez, la demanda apunta contra Netflix y la casa productora Dinamo por la serie Historia de un crimen: La búsqueda, estrenada en 2020, una década después de los hechos.
De acuerdo con información publicada por una revista de circulación nacional, Farah acusa a ambas empresas de uso indebido de su imagen, daño moral y daño pecuniario, al considerar que la producción utilizó su nombre, su historia y su representación sin su consentimiento, lo que —asegura— ha tenido consecuencias devastadoras en su vida personal, familiar y profesional.
El abogado de Lizette Farah, José Manzo, explicó que la serie no solo revivió una tragedia profundamente dolorosa, sino que también la revictimizó públicamente. Según detalla, tras el estreno del programa, Farah comenzó a recibir mensajes de odio, señalamientos en redes sociales y correos electrónicos ofensivos, lo que derivó en la pérdida de oportunidades laborales y afectaciones directas a su seguridad emocional.
Manzo también cuestionó la forma en que el personaje de Lizette Farah fue retratado en la producción, interpretado por la actriz Verónica Bravo. Afirmó que se exageraron gestos, actitudes y reacciones para dar un tono dramático e incluso satírico, con el objetivo de hacer más atractiva la narrativa, a costa de la reputación de una persona que no es figura pública.
Otro de los puntos centrales de la demanda es que, en los créditos finales de la serie, se muestran imágenes reales de Lizette Farah junto a la actriz caracterizada como ella, lo que, según su defensa, confirma el uso no autorizado de su imagen. Además, se recrearon espacios íntimos, como la habitación de Paulette, y se utilizaron nombres reales de integrantes de la familia.
La demanda se sostiene en dos frentes legales: propiedad intelectual y daño moral, y contempla la posibilidad de reclamar hasta el 40% de las ganancias generadas por la serie, como compensación. El caso reabre el debate sobre los límites del true crime, la libertad creativa y el impacto real que estas producciones tienen en las personas involucradas, mucho después de que las cámaras se apagan.
