Cierra el 2025 con dos leyes de aguas en México, operando de manera simultánea: la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas. El 11 de diciembre, el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Al aprobar la iniciativa tal como la construyó Conagua, el Legislativo metió al país, metió a todos los mexicanos, metió a las comunidades, a los pueblos principalmente, a los barrios populares, a los que están en situación de mayor vulnerabilidad, en un berenjenal, desde el punto de vista legal y constitucional.
Reiteró la advertencia de tal escenario más de un mes antes el doctor en Derecho, investigador de Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Rodrigo Gutiérrez Rivas, durante su participación en el Foro de Parlamento Abierto Ciudadano "Por la legislación hídrica que México necesita" el 7 de noviembre en Jalisco.
-Va a ser muy problemático tener dos leyes, muy problemático -dijo entonces y prendió la alerta sobre el peligro que requería ya una acción correctiva urgente, "una sóla agua, una sóla ley"; pero el 4 de diciembre la situación de peligro se robusteció con el voto mayoritario en Diputados y luego en el Senado.
Resultado: Hay dos leyes de aguas en México.
Cuestionaba Gutiérrez Rivas: ¿Para qué dos leyes? ¿Por qué nos estamos metiendo ahí? ¿Por qué el Legislador nos quiere meter ahí? ¿Por qué quiere meter a las comunidades pobres en esa situación? ¿Qué está queriendo proteger? Esa es la pregunta.
-Tengo una hipótesis -dijo al terminar su ponencia: Creo que lo que está en el fondo de la discusión -y a mí es lo que más me preocupa, porque involucra a la supervivencia de los pueblos, comunidades que se están quedando obligadas a vivir en zonas de sacrificio con contaminación ambiental grave, que está produciendo muertes por enfermedades crónicas no contagiosas- es que la propuesta de dos leyes -según la lectura que yo hago- esconde un objetivo político, y es no tocar el modelo de gestión del agua que en el país está basado en la Ley de Aguas Nacionales (LAN).
Es el objetivo político, bastante obvio.
Es un modelo que nos hizo pasar de una disponibilidad media de 17 mil metros cúbicos por persona al año en 1950, a 3 mil 400 actuales.
Hemos perdido más del 70 % de la disponibilidad media en menos de 60 años.
Es el modelo de gestión que está protegido por la Ley de Aguas Nacionales.
Un modelo de gestión que ha permitido que 3 mil 300 concesionarios, 966 empresas, acaparen el 22.3 % de toda el agua concesionada en el país.
Es el modelo de gestión de gestión del agua que está detrás de la LAN.
Es el modelo de gestión que se está intentando proteger con una propuesta que divide el derecho humano al agua de la gestión del agua en general.
Un modelo de gestión que condujo a que el 94 % de nuestros ríos están contaminados.
Un modelo de gestión que privilegia el trasvase de una cuenca a otra sin tomar en cuenta las necesidades de los bosques, de la fauna, de la flora; que promueve presas, despojando a comunidades de sus tierras.
Es el modelo que está detrás de la LAN y detrás de un proyecto de dos leyes para reglamentar de manera separada e inconstitucional el agua en nuestro país.
¿Qué viene ahora? Lo había dicho antes en su ponencia.
-¿Qué problemas van a surgir? Van a surgir problemas de constitucionalidad; esto porque no puede haber una ley que reglamente el agua que no tenga una perspectiva de derechos, no puede, aún cuando el Legislador pretenda separar el derecho humano al agua -que es lo que quiere hacer con dos leyes- de la LAN; el régimen constitucional no lo permite, porque hay una función objetiva de los derechos que permean a todo el ordenamiento.
Van a haber -agregó- problemas de congruencia y de seguridad jurídica.
"Vamos a tener dos marcos normativos sobre un mismo bien operando simultáneamente. Eso va a generar contradicciones, antinomias."
-Si en la nueva ley del derecho humano al agua [la Ley General de Aguas, LGA] existen previsiones que corrigen a la LAN, tomando el principio de lex posterior deroga a la anterior, se va a hacer un caos. Va a generar litigiosidad constitucional.
"A mí lo que más me preocupa es que las personas que están normalmente en situación de desventaja, de despojo, tienen mayor dificultad para acceder a abogados y abogadas; por lo tanto, les van a pasar por encima en ese caos".
Rodrigo Gutiérrez aportó en su ponencia argumentos jurídico-técnicos respecto a la que entonces era todavía propuesta de dos leyes de aguas.
"En primer lugar, esta propuesta desde un punto de vista técnico es evidentemente contraria a lo que mandata explícitamente la Constitución, en tanto que señala que se debe crear una ley general para definir las bases de todos los recursos hídricos".
-Si se aprueba esta iniciativa tal como la construyó Conagua -dijo-, el Legislativo va a meter al país, nos va a meter a todos, va a meter a las comunidades, a los pueblos principalmente, a los barrios populares, a los que están en una situación de mayor vulnerabilidad, en un berenjenal, desde el punto de vista legal y constitucional.
"Va a ser muy problemático tener dos leyes, muy problemático".
Todos los derechos fundamentales establecidos en la Constitución están reglamentados por una ley general, no por dos.
El artículo 3° de la reforma constitucional del 8 de febrero de 2012, que estableció el derecho humano al agua, mandató una nueva Ley General de Aguas, no dos.
¿Para qué? Para garantizar ese derecho y definir las bases, apoyos, modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, de todos los recursos hídricos, en una sóla ley.
Ahora, con dos leyes de aguas, el país está metido en un berenjenal, desde el punto de vista legal y constitucional.
Muy problemático.
@kardenche
