No se ha visualizado aún el impacto que en el futuro tendrá la sentencia de la jueza Flor de María Gómez Mijangos, que obliga al Dr. Enrique Graue -ex rector de la UNAM- y a Fernando Macedo -ex director de la FES Aragón-, a pagar cada uno 15 millones de pesos a la profesora Martha Rodríguez Ortiz, como compensación por daño moral.
Esta sentencia se deriva de los cuestionamientos realizados a la maestra Rodríguez Ortiz por su responsabilidad como directora de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, durante el procedimiento de investigación realizado por la UNAM a este trabajo académico cuestionado por plagio.
Esta sentencia constituye un peligroso precedente, pues se perfila como un nuevo modo de ejercer censura bajo el simple argumento -totalmente subjetivo- de daño moral, derivado de la difusión de información sensible para un tercero o para una institución.
Si antes la censura se ejercía a través de la intimidación -o de la presión sobre los medios de comunicación para que despidieran a la gente incómoda-, hoy se empieza a ejercer judicialmente gravando el patrimonio personal del individuo demandado.
¿Por qué la maestra no demandó a la UNAM y a la FES, sino a quienes fueron sus titulares? Es evidente que orientando la querella contra las instituciones será más difícil tener éxito, que dirigir la demanda contra individuos, que son un objetivo más vulnerable.
Sin embargo, esto marca una pauta que a partir de ahora puede convertirse en pandemia en el ámbito de la comunicación pública.
A partir de ahora el periodismo de investigación podrá ser bloqueado por los funcionarios investigados que, aduciendo un impacto en su reputación personal, podrán demandar y frenar cualquier intento de fiscalización, a la cual debiese sujetarse sin restricciones quien forme parte de la administración pública.
El artículo 1916 del Código Civil de la Federación de modo ambiguo da instrumentos a quien se sienta exhibido públicamente y con daño moral, no importando si el fondo del asunto bajo investigación es verídico y comprobable, o es falso. Para demandar y exigir indemnización sólo basta que el demandante se victimice para que se proceda judicialmente.
La veracidad o la falsedad debiesen representar el punto de partida para determinar si procede una demanda, pero la legislación no lo considera.
La falsedad significaría una calumnia y esto sí se debe castigar, pero la verdad en un ámbito del servicio público debe protegerse como parte del "derecho a la información" que tiene la ciudadanía.
Muchas reputaciones personales e institucionales fueron dañadas durante las "mañaneras" con el agravante del "abuso del poder" y estos infundios quedaron en la impunidad.
Para quien ejerce un cargo público -o recibe un salario de una institución pública- y es cuestionado por su desempeño, no debiese proceder este derecho.
La maestra Rodríguez, como funcionaria del sector educativo, debiese estar abierta a la evaluación de su trabajo académico, entre lo cual se considera la dirección de tesis.
La ciudadanía debe exigir una revisión legislativa de todas las leyes que deben proteger la libertad de expresión y el derecho a la información y realizar las enmiendas necesarias.
Sin libertad de prensa -que es una de las variantes de la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información- la democracia corre el riesgo de desaparecer.
Por tanto, el derecho a la "libertad de expresión" y el "derecho a la información", que deben proteger a la democracia, hoy están bajo riesgo.
CONTUBERNIO
Lo que hoy está haciendo Morena -en contubernio con el líder del SNTE, Alfonso Cepeda-, es rescatar las prácticas corporativistas que reprimen los derechos ciudadanos individuales del magisterio.
Alfonso Cepeda se comprometió el 18 de febrero pasado a aumentar la afiliación de Morena, aportando una base de 2,5 millones de maestros -y a través de ellos-, sumando amigos y familiares, llegar a los cinco millones.
¿A usted qué le parece?
*Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación
@homsricardo
