La reciente decisión del alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda González, de cerrar algunos cruces en el río Nazas -como el paso inferior del Puente Solidaridad- ha generado una intensa discusión regional sobre la seguridad, la movilidad y la cooperación intermunicipal. La medida, tomada tras hechos violentos en el periférico Raúl López Sánchez, justo enfrente de Chilchota el sábado 4 del presente mes cuando un par de individuos descendieron de un auto blanco y dispararon con armas largas en dirección al puesto de control policial instalado a la misma altura pero en sentido contrario de la circulación de donde procedían los perpetradores del ataque. Este acto levantó las alarmas en todos los ámbitos de la sociedad lagunera que hizo recordar con estupor los horrendos años (2007-2016) en que la violencia de alto calibre campeó por la Comarca Lagunera.
El cierre de algunos accesos ocurrió luego de la movilización de la mesa de seguridad metropolitana, especialmente con los elementos de Coahuila encabezadas por el Fiscal Federico Fernández, en tanto las autoridades duranguenses hacían mutis.
Al cabo de unos días, Cepeda González determinó clausurar temporalmente la circulación en el sitio ya descrito, buscando - dijo el edil- reforzar el blindaje entre Coahuila y Durango mediante la instalación de retenes y filtros de seguridad en los accesos principales.
Cepeda justificó los cierres como una estrategia preventiva para proteger a la población y evitar que se repitan incidentes delictivos, además de que no negó la posibilidad de clausurar otros tantos. Se informó que la vigilancia se reforzó en 19 accesos clave, y se ha contado con el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez.
Ante estas circunstancias las alcaldesas de Gómez Palacio y Lerdo expresaron su inconformidad ante los cierres. Betzabé Martínez Arango, presidenta municipal de Gómez Palacio, lamentó que se levanten "muros" entre municipios que comparten una dinámica diaria de comercio, trabajo y vida social. Señaló que estas acciones van en contra del espíritu de cooperación que debería prevalecer en las mesas de seguridad regional.
Lo que no dijo la flamante edil gomezpalatina es que su municipio, como los que lo rodean en territorio duranguense, están siendo asolados por hordas de rufianes, particularmente algunos que se ostentan bajo el logo de CATEM, organización sindical afiliada a Morena, para extorsionar a empresarios de distintas áreas de la economía, principalmente del sector agroindustrial, principal motor económico de su ciudad en particular y de La Laguna de Durango en general.
Otro personaje que intentó aparecer en los medios por este asunto fue el diputado local torreonense de Morena, Antonio Attolini Murra, quien desde la tribuna del Congreso local de Coahuila con sede en Saltillo calificó los retenes como "ineficaces, invasivos y carentes de fundamento técnico". Asegurando que vulneran derechos ciudadanos y entorpecen la movilidad sin ofrecer resultados concretos en materia de seguridad.
No se puede verter comentario alguno sobre la opinión de este legislador al respecto sin analizar la trayectoria profesional del propio Attolini. Politólogo por el ITAM y activista en movimientos como #YoSoy132. Ha trabajado en medios de comunicación y fue director de Vinculación Internacional en el IMSS, por lo que no cuenta con experiencia directa en seguridad pública, gestión municipal o estrategias operativas de combate al crimen. Su perfil es más ideológico y mediático que técnico, por lo que más allá de debilitar el sustento práctico de sus críticas, lastima a una sociedad que sabe lo terrible que es un vivir bajo la bota de los criminales, bajo el terror que infunden a la población cuando no son contenidos por el Estado.
Por el lado del gobierno de Durango, encabezado por Esteban Villegas, aunque ha mostrado disposición a coordinarse con Coahuila en materia de seguridad, es claro que dista mucho de hacer lo necesario para que sus ciudadanos puedan vivir en paz y en seguridad, por lo menos los laguneros.
Por supuesto que no es deseable la instalación de retenes en los límites entre Torreón y Gómez Palacio, aunque esto refleja una tensión entre la necesidad de seguridad y el respeto a la movilidad regional. Si bien la intención del alcalde de Torreón es proteger a la ciudadanía, la falta de consenso con los municipios vecinos, las críticas oportunistas de actores como Attolini y la clara omisión de la autoridad estatal duranguense evidencian la urgencia de construir políticas de seguridad intermunicipales, basadas en evidencia, coordinación y respeto mutuo; pero también de eficacia.