Afectada (Fernando Compeán)
Esta mañana hubo una manifestación a las afueras de la coordinación de Servicios Educativos con sede en Torreón para exigir la reinstalación de la maestra Mayela Soto Lozano, que tiene 40 años de servicio y que desde 2020, enfrenta un proceso legal y administrativo debido a que fue acusada, presuntamente de una venta de tamales en mal estado, lo que derivó en la intoxicación de algunos niños.
En su momento, padres de familia denunciaron que el 17 de diciembre de 2019 se hizo una pastorela donde se vendieron los tamales y que, presuntamente la directora ofreció el sobrante el 8 de enero de 2020.
Los hechos ocurrieron en la escuela primaria Año de Zaragoza 1962 de la colonia Ampliación Los Ángeles y según declaró, fue hasta octubre, que le suspendieron su sueldo, sin informarle que llevaba un proceso jurídico.
La afectada dice que siguió trabajando hasta 2021 sin goce de sueldo, no solamente en esta primaria sino también en la escuela primaria Catorce de Marzo donde realizaba funciones de docente. Asegura que ella no hizo los tamales y que hay pruebas de recetas médicas alteradas, pues un menor enfermo del estómago fue atendido en la Cruz Roja pero días antes del suceso, durante el periodo vacacional.
“Me retiraron de mis funciones, hace cinco años empecé a ser violentada por mis autoridades, me quitaron el sueldo, me quitaron atención médica, perdí mi seguro de defunción y desafortunadamente no he recuperado ninguna de las dos plazas. Estuvimos en un juicio laboral y desafortunadamente salió en mi contra, pero ese juicio fue sustentado con mentiras”, expuso.
Soto Lozano, fue acompañada por un grupo de maestros del Comité de Lucha por la Justicia, quienes denunciaron abuso laboral en contra de la docente cometido presuntamente por Flor Rentería, titular de Servicios Educativos en la región; Xóchitl Gómez, jefa del nivel de Educación Primaria y Diana Castillo, jefa del departamento Jurídico de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila (Sedu).
Señalaron presuntos engaños, actos deshonestos, falsos testimonios, falsificación de documentos y abuso de poder en el ejercicio público, al quitarle a Soto Lozano, sus dos plazas, de directiva y maestra. Durante la protesta, los inconformes colocaron una lona y llevaron una bocina, en la que anunciaron que presentarán demandas civiles y penales por abuso y violación de derechos laborales, además de que realizarán una serie de actividades, movilizaciones y denuncias públicas en la entidad y en la Ciudad de México a fin de que el caso sea conocido por todas las instancias públicas nacionales.
Se actuó dentro del marco legal: Servicios Educativos
Respecto a la protesta, la coordinación de Servicios Educativos informó que, dentro de sus labores cotidianas, recoge información de los sucesos acontecidos en los planteles educativos, y según la gravedad de los mismos reporta las incidencias a las autoridades superiores.
Derivado de estas funciones, cuenta en sus registros con una gran cantidad de antecedentes administrativos relacionados con denuncias presentadas por padres de familia en contra de irregularidades de la gestión de Soto Lozano como directora de la primaria Año de Zaragoza. Agregaron que de dichas denuncias, se consideró particularmente una situación grave relacionada con la venta obligada a niños y niñas de dicho plantel, de alimentos en descomposición.
La dependencia, a cargo de Flor Rentería, detalló que de esa denuncia y los otros antecedentes entregados por los padres de familia, se tomaron evidencias que fueron remitidas al departamento jurídico de la Sedu, mismo que decidió realizar un juicio de terminación de efectos de nombramiento en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de dicha exdirectora.
El 14 de Mayo de 2025, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje dicto un Laudo en donde validó la terminación de los efectos del nombramiento sin responsabilidad para el Estado.
“La Coordinación de Servicios Educativos ha actuado dentro del marco legal, y la participación en el asunto posterior a los lamentables sucesos de enero del 2020 ha sido exclusivamente en el marco de lo requerido por las autoridades superiores. Remarcamos como siempre el apoyo institucional a niños y padres de familia que fueron víctimas de los sucesos del 2020, y la disposición de colaborar en lo que sea requerido por las autoridades”, subrayaron en una tarjeta informativa.
