Más de 80 mil carpetas en Coahuila y Durango ¿Cómo responde la justicia?

Coahuila y Durango enfrentan desafíos importantes en materia de procuración de justicia. Los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal (CNPJF-E) 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ofrecen una radiografía detallada del desempeño de las fiscalías en 2024, revelando tanto avances como áreas críticas que impactan directamente en la vida de las personas.

Durante 2024, se abrieron en México 1,908,616 carpetas de investigación, de las cuales el 95.9% fueron responsabilidad de las fiscalías estatales y solo el 4.1% de la Fiscalía General de la República (FGR). En este universo, Coahuila registró 60,792 carpetas abiertas y Durango 19,858, cifras que reflejan la carga operativa de las fiscalías locales.

En cuanto al avance de los procesos, Coahuila logró 22,570 determinaciones en la etapa de investigación inicial y 9,097 en la complementaria, mientras que Durango alcanzó 14,983 y 3,618 respectivamente. Sin embargo, los pendientes siguen siendo significativos: 166,973 procedimientos sin concluir en Coahuila y 19,999 en Durango, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta institucional y el acceso efectivo a la justicia.

A nivel nacional, el presupuesto ejercido por la FGR y las fiscalías estatales fue de 50,764.9 millones de pesos a precios constantes de 2018, lo que representa una disminución del 0.8% respecto a 2023. De ese total, 36,094.6 millones fueron destinados a las fiscalías estatales, que enfrentan la mayor carga de trabajo.

Este dato cobra relevancia en entidades como Coahuila y Durango, donde la eficiencia en el uso de recursos públicos se traduce en la capacidad de atender denuncias, resolver casos y brindar atención digna a las víctimas. La inversión en justicia no solo es técnica, tiene impacto social.

Al cierre de 2024, la FGR y 29 fiscalías estatales contaban con unidades de inteligencia y análisis criminal. Estas áreas, integradas por 1,710 personas, tienen como función diseñar métodos de clasificación de información, elaborar bancos de datos, generar estadísticas delictivas y apoyar al Ministerio Público en la integración de carpetas.

Una de las apuestas más relevantes en materia de justicia social son los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC), que permiten resolver conflictos penales sin llegar a juicio, promoviendo acuerdos entre las partes.

En 2024, se iniciaron 187,884 expedientes a través de estos mecanismos, 9.7% menos que el año anterior. Coahuila reportó 2,283 expedientes, de los cuales 2,258 involucraron a personas adultas y 25 a adolescentes. Durango, por su parte, inició 1,496 expedientes (1,466 adultos y 30 adolescentes). Estas cifras muestran que ambas entidades están apostando por soluciones más ágiles y humanas, aunque aún queda camino por recorrer para ampliar su cobertura y efectividad.

En Coahuila y Durango, el reto es fortalecer las instituciones, agilizar los procesos y garantizar que la justicia sea un derecho accesible para todos.