"Y mientras gritamos '¡Viva Morelos!, le quitamos al amparo la fuerza para hacer frente al injusto y al arbitrario. que exigía Morelos". Rafael Estrada Michel, abogado
La reforma a la Ley de Amparo fue aprobada en comisiones en la Cámara de Diputados este 13 de octubre a la manera de la Cuarta Transformación: sin hacer caso a los especialistas convocados a audiencias, sin cambiar una sola coma.
Es verdad que se retiró el famoso tercero transitorio, el artículo que establecía que la nueva legislación se aplicaría de manera retroactiva, pero ese fue un cambio ordenado desde Palacio Nacional. Al final los diputados oficialistas solo levantaron el dedo, los panistas se retiraron en protesta y los otros partidos de oposición votaron en contra. La diputada morenista Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte, se abstuvo. La iniciativa fue turnada al pleno.
Es una reforma regresiva. Limita los derechos individuales y fortalece los poderes del Estado. Viola el principio de progresividad, que establece que ninguna reforma puede debilitar los derechos ya reconocidos, los cuales solo pueden ampliarse. Si no fuera una regresión, no hubieran tratado de eliminar el transitorio de retroactividad. El artículo 14 constitucional dice: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Pero quienes redactaron la ley sabían que sí habría perjuicio para los gobernados. Por eso es una reforma regresiva.
La suspensión, ya sea provisional o definitiva, es una de las armas más importantes del juicio de amparo para proteger a los gobernados de los abusos de la autoridad. En esta reforma, sin embargo, el gobierno y sus legisladores la eliminan en casos fiscales o cuando hay congelamiento de cuentas por parte de la autoridad. La autoridad podrá violar la ley sin preocuparse. También se limita la suspensión cuando esta represente un daño al "interés social" o al orden público. Será la propia autoridad la que decida cuando se den esos casos, lo que, efectivamente, mata el amparo en los casos que más le interesan al gobierno. Además, si un funcionario viola los derechos de las personas en estos casos, no tendrá que preocuparse porque la ley lo exime de responsabilidad personal. Es un permiso para cometer delitos.
La reforma restringe el interés legítimo para promover un amparo. La diputada Sánchez Cordero, luchadora siempre por las causas progresistas, advirtió que esto dejará sin posibilidad de recurrir al amparo a comunidades como la LGTB, grupos de consumidores, defensores del ambiente o pueblos indígenas.
El también morenista Leonel Godoy reconoció que "se busca, sí, como en todo lo demás, imponer nuestra visión, como lo hicieron antes el PRI y el PAN. Nos podemos equivocar, pero será el tiempo quien lo juzgue". Y buenas razones habrá para que la historia juzgue con dureza a los miembros de esta LXVI Legislatura, porque con una falsa mayoría calificada, producto de la manipulación de las leyes y el chapulineo de sus legisladores, están destruyendo las instituciones de un gobierno democrático. La depredación de la Ley de Amparo es un paso en este camino.
No hay que escarbar demasiado para encontrar al responsable de esta destrucción de nuestro estado de derecho. El expresidente López Obrador, quien aparentemente sigue tomando decisiones, se molestaba con los fallos de los tribunales porque no le permitían aplicar medidas inconstitucionales. Por eso declaró: "Y que no me salgan con el cuento de que la ley es la ley". Su legado más dañino ha sido la destrucción del poder judicial; la puntilla ahora es la muerte de la Ley de Amparo.
BANCOS
Tiene razón la presidenta Sheinbaum. El gobierno de Estados Unidos no aportó ninguna prueba de que CIBanco, Intercam o Vector hayan realizado alguna operación ilícita. Sus faltas fueron administrativas. Sin embargo, CIBanco ya fue liquidado, Intercam absorbido por Kapital y Vector transfirió activos a Finamex. El daño ha sido enorme.