El domingo pasado la presidenta presentó el boceto arquitectónico del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia". Entre sus objetivos está la disminución de "los factores de riesgo que hacen que los jóvenes se unan a grupos criminales". Esa frase articula la tragedia humanitaria de las 133,632 personas desaparecidas y la de una guerra que se alimenta de sangre joven.
El reclutamiento de sicarios es una pieza central de la capacidad militar de los criminales, indispensable para la elaboración del análisis de riesgo y de la estrategia de seguridad nacional. Ningún presidente nos ha informado sobre el tamaño de los cárteles; solo prometen que todo saldrá bien… si los dejamos a cargo de todo.
Sus huecos han sido llenados por las víctimas, los periodistas, los académicos y los activistas. Una protagonista de esa brega fue Blanca Martínez, heroína coahuilense que empujó el tema de desapariciones con el respaldo del exobispo Raúl Vera. Otro personaje destacado es Rafael Prieto-Curiel, un matemático egresado del ITAM que trabajó cinco años con la policía capitalina, obtuvo el doctorado en Inglaterra y actualmente colabora en el Centro de Ciencias de la Complejidad de Viena.
En septiembre de 2023 publicó -junto con Gian María Campedelli y Alejandro Hope- un artículo en la prestigiada revista Science. Sostuvieron que para reducir la violencia se requería disminuir el reclutamiento; estimaban que los cárteles tenían en 2022 entre 160 y 185 mil miembros. El entonces presidente enfureció y tachó el estudio de "falso" engendrado por "la derecha" y "los conservadores".
En 2025 ha quedado desprestigiada su afirmación. En marzo pasado, el colectivo Guerreros Buscadores exhibió la magnitud que tenía el reclutamiento cuando reveló lo que pasaba en el Rancho Izaguirre de Jalisco. Mientras eso sucedía, Prieto-Curiel continuó refinando sus estimaciones, algunas de las cuales reproduzco con su autorización. En 2012 los cárteles contaban con 114 mil miembros, para 2025 ya son 183 mil: un aumento de 69 mil efectivos. También da cifras sobre la enormidad de sus bajas. En 2023 reclutaron a 19,300 personas, pero tuvieron 7,000 muertos y 6,000 incapacitados o encarcelados.
Las estimaciones son consistentes con el aumento de las desapariciones de jóvenes entre 15 y 19 años iniciada en 2021. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, entre 2021 y 2024 las cifras se dispararon, entre otras entidades, en la Ciudad de México donde pasaron de 5 a 57 desaparecidos por cada 100 mil habitantes, en el Estado de México de 8 a 25 y en Michoacán de 5 a 26.
Por el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México y otros organismos sabemos también que una parte de esos jóvenes son reclutados por las organizaciones criminales a través de TikTok, que YouTube promueve la cultura de la violencia y que es escandalosa la libertad con la que operan las grandes tecnológicas extranjeras en México; se enriquecen con la violencia porque el ejecutivo federal carece de una política clara sobre ese tema.
El pasado 9 de octubre el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, informó a la prensa jalisciense que la "gravedad del problema de las desapariciones" es "prioritario en la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum" y que "se alista una estrategia nacional para el combate del delito". Al parecer desatienden el reclutamiento.
Pese a ello, la presidenta está más dispuesta a reconocer un deterioro diagnosticado y documentado desde hace años. El plan que propone fue elaborado cuando el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado por un joven michoacano de 17 años que había desaparecido una semana antes del asesinato. Fue detenido con vida, pero lo mataron los escoltas antes de poder hacer cualquier declaración.
Las encuestas confirman que la sociedad tiene claras las responsabilidades. Según la encuesta de octubre de Alejandro Moreno, la presidenta tiene una aprobación de 70 por ciento, pero reprueba en el manejo de la seguridad (37%) y de la corrupción (13%).
En 2006 Felipe Calderón empezó la guerra en Michoacán sin tener una estrategia clara. Veinte años después regresa la presidenta con el bosquejo de un plan. Si quieren tener éxito prioricen a las víctimas y acepten la participación social.
El gobierno quiere, pero solo no puede.
