La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrentará retos monumentales, entre los que destacan el rezago de mil 300 casos, la inexperiencia como ministros de seis de los nueve que resultaron electos, y el riesgo de sanciones luego de que la reforma judicial estableció un plazo de seis meses a partir del conocimiento del asunto para resolver los casos del Máximo Tribunal del país.
De acuerdo con la ley, los nuevos ministros de la Corte tomarán protesta el 1 de septiembre de 2025 y ya no operarán la Primera y la Segunda Sala del Máximo Tribunal, las cuales enfrentan un rezago actual de 509 y 111 asuntos, respectivamente.
Además, de acuerdo con información pública de la SCJN, el pleno tiene un rezago de 628 casos entre acciones de inconstitucionalidad, amparos, controversias constitucionales, impedimentos y recursos de reclamación, entre otros.
Lo anterior implica que los nuevos ministros recibirán más de mil casos pendientes que deberán resolver a marchas forzadas, pues la reforma judicial establece, en su artículo 17: "La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente".
De acuerdo con estadísticas de la Suprema Corte e informes anuales, en 2023, la primera sala, la segunda sala, y el pleno de la Suprema Corte resolvieron en su conjunto un total de 4 mil 299 asuntos, mientras que, en 2024, las salas y el pleno resolvieron 3 mil 853 asuntos.
