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La Escuela es Nuestra

Muerte de menor evidencia falta de control en ‘La Escuela es Nuestra'

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Muerte de menor evidencia falta de control en ‘La Escuela es Nuestra'

ANGÉLICA SANDOVAL

La muerte de un menor de San Pedro de las Colonias, a causa de una obra no supervisada, puso en evidencia la falta de control, opacidad y mala calidad de algunas obras que desde hace varios años son ejecutadas en los planteles por parte de padres y madres de familia y sin intermediarios, mediante el esquema del programa federal “La Escuela es Nuestra”, conocido como PLEEN, uno de los programas para el Bienestar que impulsó desde el sexenio pasado el Gobierno de México, para mejorar las condiciones físicas y servicios escolares en los niveles de educación básica.

El proyecto de construcción en la escuela de San Pedro no contó con la validación del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) ni de la Subsecretaría de Protección Civil, es decir, no contaba con autorización ni supervisión técnica estatal ni municipal, de acuerdo con información preliminar de la Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu).

Los recursos que se entregan en PLEEN varían en función al número de alumnos inscritos y van desde los 200 hasta los 600 mil pesos en nivel básico. Esto de acuerdo a las reglas de operación, publicadas el pasado 13 de febrero de 2025 en el Periódico Oficial de la Federación. El programa es operado en cada plantel por un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), integrado por padres, madres de familia o tutores que son elegidos en una asamblea de la comunidad escolar por votación, a mano alzada.

Los CEAP, están integrados por la presidencia, la tesorería, secretaría técnica, vocales y de manera opcional, un alumno de cuarto primaria en adelante, matriculado en alguno de los centros de trabajo del plantel que podrá ser electa(o) para participar como invitada(o) permanente con voz, pero sin derecho a voto.

¿Quién decide las obras?

En este contexto, los CEAP, son encargados de decidir las obras y compras que deben realizarse en cada escuela, que pueden ir desde la instalación de servicios como luz, agua, drenaje, sistemas de aire acondicionado o internet, hasta necesidades como la mejora de los salones de clase, obras exteriores y pintura, entre otros.

A partir de que reciben el recurso, por medio de una tarjeta bancaria, tienen un año para utilizarlo por completo y si queda dinero en la cuenta, después de ese año el dinero regresará al programa. No hay intermediarios, por lo que el personal directivo y docente de las propias escuelas, no puede participar en las decisiones de los padres.

En su momento, el Gobierno federal, destacó que con el PLEEN se busca evitar la corrupción y favorecer el trabajo colectivo.

En lo que respecta a la rendición de cuentas del ejercicio de los recursos, los CEAP son los únicos responsables de la recepción, custodia, administración, disposición y ejercicio del subsidio.

Quien ocupa la presidencia del CEAP da seguimiento a las acciones de mejora y/o de las obras.

Las reglas de operación señalan que el CEAP podrá solicitar asesoría y capacitación, ya sea de manera presencial o virtual, directamente al Facilitador Autorizado (persona servidora pública del Bienestar) que ha acompañado al CEAP desde su instalación y/o contactar a la delegación del Bienestar estatal.

El CEAP decide quién supervisará sus obras y la que elijan será el responsable técnico de garantizar la seguridad estructural de la edificación mediante Carta Responsiva y Dictamen de Seguridad Estructural del Proyecto.

“Ningún organismo o dependencia de la Administración Pública Federal, Estatal o servidores públicos tienen la facultad de imponer, o coaccionar para contratar profesionales, empresas o proveedores de materiales para la realización de las obras en los planteles beneficiados. La decisión sobre estos aspectos recae exclusivamente en las Comunidades Escolares”, señala el Gobierno Federal en su guía completa de apoyo del programa, disponible en su sitio web oficial.

Recursos otorgados 

En el ejercicio fiscal 2022, el PLEEN otorgó recursos a 44 mil 300 escuelas de educación básica pública por medio de los CEAP, conformados en 31 entidades federativas con una inversión de 12 mil 874 millones 650 mil pesos, beneficiando a una población de 4 millones 776 mil 2 estudiantes.

En el ejercicio fiscal 2023, se otorgó recursos a 94 mil 773 escuelas de educación básica pública por medio de los CEAP conformados en 31 entidades federativas, con una inversión de 26 mil 269 millones 950 mil pesos, beneficiando a una población de 8 millones 667 mil 720 estudiantes.

En el ejercicio fiscal 2024, se otorgaron recursos a 69 mil 561 escuelas de educación básica pública por medio de los CEAP, conformados en 31 entidades federativas, con una inversión de 22 mil 905 millones 900 mil pesos, beneficiando a una población de 10 millones 655 mil 52 estudiantes.

Cualquier señalamiento o irregularidad debe reportarse a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; al órgano de control interno de la SEP federal y/o de la Secretaría del Bienestar; órganos estatales de control y denuncias en materia penal ante la la Fiscalía General de la República (FGR).

Obras de mala calidad 

Recientemente el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, declaró que la dependencia a su cargo había hecho una inversión de 18 millones de pesos durante el ciclo escolar 2024- 2025, para corregir daños en escuelas ocasionados por construcciones mal ejecutadas dentro del programa La Escuela es Nuestra.

Detalló que los planteles presentaron derrumbes de bardas y techumbres, así como problemas con la infraestructura eléctrica, debido a la instalación de sistemas de aire acondicionado sin el respaldo técnico necesario.

“El problema surge cuando los padres de familia deciden hacer obras por su cuenta, sin consultar con el Estado. Hemos detectado construcciones que se desplomaron o tuvieron que ser demolidas porque ponían en riesgo la seguridad de los estudiantes”, explicó el funcionario.

El Siglo de Torreón ha documentado disputas entre padres y madres de familia de la región Lagunera de Coahuila y Durango por la administración y el ejercicio de los recursos, desavenencias que han provocado toma de planteles y suspensión de clases.

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