Narco provocó peor temporada de incendios en Durango, Sinaloa y Chihuahua
Los bosques que unen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua se transformaron en una zona de guerra invadida por minas terrestres ocultas en las montañas y explosivos artesanales lanzados desde drones y avionetas. La disputa interna del Cártel de Sinaloa no sólo alteró la vida de las comunidades y desplazó a miles de familias, también provocó la peor temporada de incendios en los últimos 10 años.
En el primer semestre de 2025, más de 281 mil hectáreas de bosque ardieron en esta región de la Sierra Madre Occidental, una cifra superior a las 124 mil hectáreas registradas en el mismo periodo de 2024, y más de lo que se perdió durante todo ese año, cuando se incendiaron 130 mil hectáreas.
El daño también rebasa las 170 mil hectáreas afectadas en 2023, un año considerado crítico por la sequía histórica que azotó a México.
La pelea entre grupos del Cártel de Sinaloa estalló en septiembre de 2024, con la ruptura de las facciones ligadas a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, e Ismael Zambada García, alias “El Mayo”.
Habitantes de Sinaloa, Durango y Chihuahua aseguran que varios de los incendios del último año comenzaron después de enfrentamientos armados y ataques con drones en lo profundo de los bosques: “Veíamos pasar el dron, luego se escuchaba la bomba, una explosión y al ratito levantaba el humito y se prendía el bosque”, relata un poblador entrevistado en la zona serrana del sur de Sinaloa, en los límites con Durango.
Sandra Guido, directora de Conselva, Costas y Comunidades, una organización ambiental que trabaja en temas de conservación y desarrollo sustentable, explica que el tamaño de la devastación actual es resultado de varias circunstancias que se conjugaron con el contexto de violencia, como sequías prolongadas que dejaron el bosque seco y vulnerable, recortes presupuestales a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y a gobiernos locales, además de la reducción de programas de prevención y reforestación.
En esta investigación se analizaron 7 mil 397 incendios registrados entre 2015 y junio de 2025 en 24 municipios de Sinaloa, Durango y Chihuahua que comparten la Sierra Madre Occidental, con datos del Sistema Nacional de Incendios Forestales de la Conafor.
También se revisaron más de 240 mil alertas de incendios emitidas por Global Forest Watch, una plataforma internacional de monitoreo satelital de bosques.
Ambas fuentes coinciden. En el primer semestre de 2025 se rompió la tendencia de la última década, y este periodo se colocó como el de mayor superficie afectada en toda la región. La devastación creció justo en los territorios marcados por los enfrentamientos entre criminales.
SINALOA, PUEBLOS EN EL ABANDONO
Lupita espera en la cancha de futbol de la primaria de Chirimoyos mientras su esposo recibe atención médica por una úlcera estomacal que le ha provocado vómitos con sangre. Habla en voz baja y recuerda lo ocurrido dos meses atrás, cuando hombres armados retuvieron a su hijo de 15 años durante horas, le revisaron el celular y lo presionaron por información sobre la ubicación de campamentos rivales.
“No le hicieron nada, pero se llevó un buen susto. Ahora casi no sale;me ayuda en la milpa. Vamos a sembrar y de regreso”, recuerda.
Es la mañana del sábado 30 de agosto y la escuela primaria de la comunidad funciona como clínica temporal. Las aulas cerraron hace casi un año por la violencia y hoy son consultorios. En la cancha donde antes jugaban los niños ahora hay sillas de plástico para recibir a los habitantes de Chirimoyos, La Petaca y El Cuatantal, tres poblados en la sierra del sur de Sinaloa, casi en los límites con Durango. Es la primera brigada médica organizada por Periferia Subversiva, un colectivo de Mazatlán que intenta cubrir el vacío dejado por las autoridades.
Los jóvenes se movilizaron a través de redes sociales, reunieron donativos y convocaron a médicos.
Durante la jornada atendieron casos de diabetes e hipertensión; encontraron niños sin vacunas actualizadas y un agotamiento emocional marcado por depresión, ansiedad y enfermedades asociadas al estrés.
En el último año la violencia desestabilizó por completo la dinámica de las comunidades.
Los maestros dejaron los pueblos por los enfrentamientos y los médicos se marcharon luego de ser obligados a atender a los heridos de los grupos armados. La clínica comunitaria del IMSS Bienestar cerró sus puertas y no las ha vuelto a abrir.
Cuatro aserraderos en donde trabajaba la mayoría de los pobladores fueron destruidos e incendiados para impedir que las facciones rivales tomaran el control de la producción maderera. Las tiendas de abarrotes vaciaron sus estantes y cerraron por orden de los armados que buscaban cortar el suministro al enemigo. La población quedó atrapada entre la escasez, la falta de servicios médicos y el temor constante.
Durante meses, drones sobrevolaron los bosques y lanzaron explosivos que encendieron las montañas.
Los enfrentamientos intentaban frenar el avance de grupos enemigos. Los pobladores vieron el fuego avanzar entre los pinos sin que nadie pudiera detenerlo.
“Era bastante lumbre por todos lados y al mismo tiempo, para donde volteara había incendios”, recuerda María Claudia, una habitante de Chirimoyos.
CHIHUAHUA, EL DESPOJO EN LA TARAHUMARA
En los municipios del sur de Chihuahua que colindan con el norte de Sinaloa y Durango, el acoso criminal contra la población indígena de la Sierra Tarahumara se ha recrudecido en el último año por la disputa interna entre tres grupos criminales del Cártel de Sinaloa.
Pobladores y activistas, que pidieron reservar su identidad por seguridad, cuentan que los armados incendiaron bosques para desplazar comunidades y apropiarse del comercio de madera.
En esta región destacan los incendios ocurridos fuera de temporada.
Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, en los municipios serranos del sur de Chihuahua se registraron 13 incendios atemporales que arrasaron con 600 hectáreas, una situación que no había ocurrido al menos en la última década.
Uno de estos incendios llegó desde Bacayopa, municipio de Choix, Sinaloa. Durante dos días grupos armados se enfrentaron.
Algunos habitantes aseguran que uno de los bandos prendió fuego al bosque para expulsar a los rivales ocultos en la montaña; otros sostienen que el incendio inició tras la quema de vehículos en la carretera.
Las versiones coinciden en que el fuego avanzó y cruzó fronteras estatales sin que nadie pudiera controlarlo.
“Los incendios de este año fueron por el crimen. En toda la Sierra Tarahumara se ha metido el crimen para apoderarse del bosque.
Utilizaron drones para asustar a la gente”, relata un poblador de Guachochi.
Los grupos armados han endurecido el control sobre estas comunidades: corrompen a las autoridades ejidales, se apoderan de la madera y despojan a las familias de animales domésticos y alimentos El miedo ha obligado a familias enteras a dormir en el monte para proteger a mujeres y jóvenes ante el riesgo de incursiones nocturnas y reclutamientos forzados, y otras familias han decidido huir a ciudades como Delicias, Chihuahua capital y Cuauhtémoc, que están a más de 400 kilómetros de sus viviendas.
DURANGO, LA GUERRA DESDE EL AIRE
A principios de noviembre de 2024, cuando iniciaba la batalla intestina del Cártel de Sinaloa, la sierra de Durango fue uno de los primeros territorios en sentir la crudeza de la violencia. Durante una semana, dos avionetas sobrevolaron los municipios de Tamazula y Santiago Papasquiaro, conocidos por ser refugio de la familia de “El Mayo” Zambada. Las aeronaves lanzaron bombas que estallaron en las montañas.
La escalada de violencia se reflejó también en la cantidad de incendios que arrasaron esta región.
Más del 40% del fuego forestal de 2025 se concentró en los bosques de Tamazula, un extenso municipio que limita con Badiraguato, Culiacán y Cosalá, territorios de Sinaloa.
En mayo de 2025, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, reconoció que la cifra histórica de incendios estaba vinculada con la violencia que golpeaba la sierra.
“Hemos tenido más incendios históricos en la zona de Tamazula, pegada a Sinaloa. Nosotros creemos que son incendios provocados por las estrategias de los mismos grupos. Por eso se nos han disparado los incendios forestales”, declaró.
El consultor en seguridad Alexei Chévez Silveti explica que el empleo de drones, minas terrestres y explosivos artesanales revela la evolución de los grupos criminales y la adopción de tácticas y herramientas de corte militar.
“Lo que estamos viendo es el uso de artefactos explosivos que tienen mucho más poder letal y de destrucción que una granada o una bomba, y esto es una carrera donde el estado mexicano va rezagado”, advierte.
El crimen organizado utiliza drones comerciales y agrícolas, cuyo costo oscila entre los 15 mil a los 500 mil pesos. Originalmente, los drones le servían al crimen para acciones de vigilancia, pero hoy son adaptados para lanzar explosivos.
Mientras los grupos criminales perfeccionan sus herramientas de guerra, la sierra intenta recuperarse.
Con la temporada de lluvias el bosque reverdece, pero las marcas de los incendios persisten en los troncos carbonizados y en el ánimo de las comunidades. El conflicto aún no ha terminado.
