Son muy difíciles de digerir, por la velocidad con que suceden, hechos aparentemente desconectados entre sí, pero que están atados por una misma soga, la de la inseguridad.
Después de la más reciente llamada telefónica entre Sheinbaum y Trump (jueves 31 de julio) en la que acordaron aplazar tres meses los aranceles generales de 30% que entraron en vigor hace tres días (jueves 7 de agosto) en más de sesenta países, fuentes de México y Estados Unidos confirmaron que ya está listo para ser firmado en los próximos días un acuerdo bilateral en materia de seguridad.
En él -comentaron a este espacio las fuentes mexicanas- habría quedado fuera de cualquier escenario el que fuerzas militares estadounidenses intervinieran y mucho menos invadieran territorio nacional para enfrentar a los cárteles de la droga.
Sin embargo, Trump confirmó hace dos días (viernes 8 de agosto), un adelantó periodístico del New York Times: la firma en secreto de una orden a sus fuerzas militares para que lleven a cabo operaciones militares directas y unilaterales en territorio extranjero contra al menos seis cárteles en el caso de nuestro país. Ese mismo viernes la Presidenta mexicana respondió tajante: "Estados Unidos no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión, eso está descartado".
Hasta ahí va cronológicamente la más reciente escalada entre México y Estados Unidos que tiene tras de sí otros hechos.
El pasado 2 de agosto, Sheinbaum hizo el inesperado anuncio de la salida de Pablo Gómez Álvarez de la UIF, cargo al que había llegado el 9 de noviembre de 2021 (en el segundo tramo del sexenio de AMLO), tras la renuncia de Santiago Nieto por el escándalo que desató su suntuosa boda en Guatemala con la consejera electoral del INE, Carla Humphrey.
Al día siguiente (domingo 3 de agosto), trascendía información de que la salida de Gómez había sido una petición del gobierno de Estados Unidos porque el funcionario no supo o deliberadamente omitió informar del presunto lavado de capitales de la delincuencia organizada en CIBanco e Intercam Banco, así como Vector Casa de Bolsa (del empresario Alfonso Romo, excoordinador de asesores de AMLO), señalado por el departamento del Tesoro estadounidense.
El lunes 4 de agosto, luego de conocerse que la dirección de la UIF sería ocupada por Omar Reyes, un experto en esas lides y muy cercano al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el periódico Wall Street Journal publicó un artículo en el que advierte que el acuerdo de seguridad México-EUA podría naufragar por hechos como los relatados pero sobre todo, luego que se supo del escape de su arresto domiciliario en la CDMX (viernes 11 de julio) de un pez gordo del tráfico del fentanilo y contacto de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación: el chino Zhi Dong Shang, alias "Brother Wang" lo que por cierto -se comentó en fuentes del Palacio Nacional- había enfurecido a Sheinbaum y levantado más suspicacias en Trump.
La Presidenta mexicana rechazó el martes 5 de agosto que el acuerdo de seguridad esté en riesgo de naufragar, mientras que la lógica de los acuerdos de beneficios judiciales a cambio de más información continuó el miércoles 6 de agosto al conocerse que los fiscales estadounidenses que llevan los casos de Ismael "El Mayo" Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes no pedirán contra ellos la pena de muerte.
Una cosa parece clara: si Estados Unidos interviene militarmente contra los cárteles sin el consentimiento y la cooperación de México, naufragará cualquier acuerdo de seguridad o de otros ámbitos.
