Ni reforma ni elección

El fin de semana pasado México vivió, a la par de dos procesos electorales en Durango y Veracruz, una de las ocurrencias e imposturas más extrañas y caras de su historia, y que el gobierno vendió como si se tratara de una reforma judicial. 

Y es que la denominada “elección judicial” en el país ha estado marcada por muchas sombras y controversias de origen. Para aprobarla, el partido hegemónico obtuvo el voto del panista Miguel Ángel Yunes Márquez a cambio de retirar órdenes de aprehensión contra su familia. Por otra parte, el INE solicitó 13 mil millones de pesos para organizar el proceso, aunque sólo recibió poco más de siete mil, lo que limitó la instalación de casillas. 

Por si fuera poco, la selección de candidatos ha sido cuestionada por sus bajos requisitos y el uso de tómbolas, seguido del reparto —por parte de servidores públicos— de acordeones con los nombres de los aspirantes afines a Morena, según denunció el líder del PAN, Jorge Romero Herrera. 

Entre los aspirantes a los 881 cargos que se disputaron en la elección, hay quienes tienen investigaciones abiertas por delitos de abuso sexual, acoso laboral, vinculación con el crimen organizado, corrupción y venta de plazas. 

Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) alzó la voz, señalando que dicha reforma es una estrategia de Morena y algunos otros partidos para debilitar al Poder Judicial: “No hemos exagerado al exigir su cancelación, pues advertimos que estamos ante un golpe de Estado técnico (...) la historia y el derecho internacional nos obliga a nombrar con claridad lo que estamos viviendo”. 

A través de un comunicado, este organismo hizo un pronunciamiento dirigido a la ciudadanía en los siguientes términos: “Hacemos un llamado a las y los mexicanos a reflexionar sobre la elección judicial: no es democratizar el Poder Judicial, sino un golpe a la democracia”. 

Para sustentar su acusación, la organización echa mano de una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sostiene: “Cuando el poder ejecutivo y el legislativo se coordinan para reducir o eliminar la independencia del poder judicial, se configura una ruptura del orden constitucional. Esta forma de intervención, sutil pero profundamente regresiva, ha sido reconocida como un golpe de Estado en su modalidad técnica”, de modo que, para la JUFED, “la elección judicial es una simulación”, ya que los ciudadanos que participen en el ejercicio no votarán por personas formadas y con experiencia, sino por preseleccionados que cuentan con el apoyo “de Morena, el gobierno, el crimen organizado”. 

De aquí que la JUFED llamó de manera urgente a la ciudadanía a mantener “una mirada crítica ante la narrativa oficialista de una supuesta democratización del Judicial”. 

Y lo anterior no es para menos: en una elección de Estado donde no hay árbitros ni transparencia, donde se ordena a través del uso de acordeones que voten sólo a los marcados por las siglas “PE” (Poder Ejecutivo, que son los candidatos de la Presidencia) y donde el INE quedó cooptado por una empleada del partido oficial impuesta por Alfonso Durazo desde hace más de un año —en complicidad criminal con los partidos políticos de oposición que nunca protestaron o impugnaron esa designación viciada de origen—, no existen garantías de legitimidad, pues tampoco se permitió participación ciudadana en el escrutinio de los votos, más allá de la simulación, el discurso y el enorme dispendio de recursos públicos ante una falsa reforma travestida de elección que nadie pidió.