Obras de Programa 'La Escuela es Nuestra', con falta de control y opacidad

La muerte de un niño de seis años en el interior de una escuela pública del ejido San Miguel del municipio de San Pedro de las Colonias sacó a relucir la falta de control, opacidad y mala calidad de algunas obras que desde hace varios son ejecutadas en los planteles por parte de padres y madres de familia, sin intermediarios, dentro del programa federal La Escuela es Nuestra (PLEEN), uno de los programas para el Bienestar que impulsó desde el sexenio pasado el Gobierno de México con el fin de mejorar las condiciones físicas y servicios escolares en los niveles de educación básica. Información preliminar de la Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu), reveló que un tubo perteneciente a una techumbre en construcción que realizan los padres de familia a través de PLEEN, se desprendió y golpeó al pequeño Anuel, quien perdió la vida.

La Sedu, dio a conocer que dicho proyecto no contó con la validación del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) ni de la Subsecretaría de Protección Civil; por ello, no contaba con autorización ni supervisión técnica estatal ni municipal.

Los recursos que se entregan en PLEEN varían en función al número de alumnos inscritos y van desde los 200 hasta los 600 mil pesos en nivel básico; de acuerdo a las reglas de operación, publicadas el pasado 13 de febrero de 2025 en el Periódico Oficial de la Federación, el programa es operado en cada plantel por un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), integrado principalmente por padres, madres de familia o tutores que son elegidos en una asamblea de la comunidad escolar por votación, a mano alzada.

Los CEAP, están integrados por la presidencia, la tesorería, secretaría técnica, vocales y de manera opcional, un alumno de cuarto primaria en adelante, matriculado en alguno de los centros de trabajo del plantel que podrá ser electa(o) para participar como invitada(o) permanente con voz, pero sin derecho a voto.

En este contexto, los CEAP, son encargados de decidir las obras y compras que deben realizarse en cada escuela, que pueden ir desde la instalación de servicios como luz, agua, drenaje, sistemas de aire acondicionado o internet, hasta necesidades como la mejora de los salones de clase, obras exteriores y pintura, entre otros. A partir de que reciben el recurso, por medio de una tarjeta bancaria, tienen un año para utilizarlo por completo y si queda dinero en la cuenta, después de ese año el dinero regresará al Programa. No hay intermediarios, por lo que el personal directivo y docente de las propias escuelas, no puede participar en las decisiones que toman los papás.

En su momento, el Gobierno federal, destacó que además de mejorar las condiciones de las escuelas en la que niñas, niños y adolescentes reciben educación, con PLEEN se busca evitar la corrupción, el clientelismo y la discrecionalidad de los recursos públicos, además de favorecer la reactivación de la economía local, el trabajo colectivo y la toma de decisiones.

En lo que respecta a la rendición de cuentas respecto del ejercicio de los recursos, los CEAP, por conducto de la (del) Tesorera(o) y Presidenta (e) son los únicos y absolutos responsables de la recepción, custodia, administración, disposición y ejercicio del subsidio, los cuales vigilarán y verificarán el uso de los mismos. Quien ocupa la presidencia, da seguimiento a las acciones de mejora y/o de las obras.

Las reglas de operación, señalan que, para la debida implementación del PLEEN, el CEAP podrá solicitar asesoría y capacitación, ya sea de manera presencial o virtual, directamente al Facilitador Autorizado (persona servidora pública del Bienestar) que ha acompañado al CEAP desde su instalación y/o contactar a la delegación del Bienestar estatal. Además, se puso a disposición de los CEA una Guía de Apoyo donde se dan a conocer la clasificación de acciones mayores y menores; pagos a responsables técnicos; roles y responsabilidades de la construcción; aspectos básicos de cimentación y estructuras; identificación y evaluación de problemas de riesgos; inclinación o desplomes en muros y detección y evaluación de grietas, entre otros aspectos.

En el caso de obras mayores, y de acuerdo a la Guía de Apoyo, el CEAP debe apegarse a la normativa aplicable en la materia, local y federal; Normas Oficiales Mexicanas (NOM); Normas Mexicanas (NMX) y al Reglamento de Construcción vigente en cada Entidad Federativa. De igual manera, contar con supervisión técnica y hacen hincapié en que el CEAP decide quien supervisará sus obras.

Puede ser alguna de las siguientes figuras, la que elijan será el responsable técnico de garantizar la seguridad estructural de la edificación mediante Carta Responsiva y Dictamen de Seguridad Estructural del Proyecto: Instancia de la Administración Pública Federal, responsable de la infraestructura física educativa; organismos públicos de infraestructura física educativa de las Entidades Federativas y Municipios; cámaras de la construcción y]/o un profesional habilitado y certificado con cédula profesional y experiencia.

Finalmente, el Gobierno federal, señala en la guía de apoyo que: “Ningún organismo o dependencia de la Administración Pública Federal, Estatal o servidores públicos tienen la facultad de imponer, o coaccionar para contratar profesionales, empresas o proveedores de materiales para la realización de las obras en los planteles beneficiados. La decisión sobre estos aspectos recae exclusivamente en las Comunidades Escolares”. La guía completa, está disponible en el sitio .

RECURSOS OTORGADOS

Según las reglas de operación, el PLEEN en el ejercicio fiscal 2022 otorgó recursos a 44 mil 300 escuelas de educación básica pública por medio de los CEAP conformados en 31 entidades federativas, con una inversión de 12 mil 874 millones 650 mil pesos, beneficiando a una población de 4 millones 776 mil 2 estudiantes; en el ejercicio fiscal 2023 otorgó recursos a 94 mil 773 escuelas de educación básica pública por medio de los CEAP conformados en 31 entidades federativas, con una inversión de 26 mil 269 millones 950 mil pesos, beneficiando a una población de 8 millones 667 mil 720 estudiantes; y en el ejercicio fiscal 2024, se otorgaron recursos a 69 mil 561 escuelas de educación básica pública por medio de los CEAP conformados en 31 entidades federativas, con una inversión de 22 mil 905 millones 900 mil pesos, beneficiando a una población de 10 millones 655 mil 52 estudiantes.

Cualquier señalamiento o irregularidad, lo deben hacer a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; al órgano de control interno de la SEP federal y/o de la Secretaría del Bienestar; órganos estatales de control y denuncias en materia penal ante la la Fiscalía General de la República (FGR).

DISPUTAS ENTRE PADRES Y OBRAS DE MALA CALIDAD

Hace unos meses, el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, declaró que la dependencia a su cargo había hecho una inversión de 18 millones de pesos durante el ciclo escolar 2024-2025 para corregir daños en escuelas ocasionados por construcciones mal ejecutadas dentro de dicho programa federal.

Detalló que los planteles afectados, ubicados principalmente en las regiones Laguna y Sureste del estado, presentaron derrumbes de bardas y techumbres, así como problemas con la infraestructura eléctrica, debido a la instalación de sistemas de aire acondicionado sin el respaldo técnico necesario.

“El problema surge cuando los padres de familia deciden hacer obras por su cuenta sin consultar con el Estado. Hemos detectado construcciones que se desplomaron o tuvieron que ser demolidas porque ponían en riesgo la seguridad de los estudiantes”, explicó el funcionario.

Además de los derrumbes, las inspecciones revelaron obras inconclusas en sistemas sanitarios e hidráulicos, conexiones eléctricas mal hechas o inexistentes, y equipos que quedaron inservibles por falta de condiciones adecuadas para su instalación. Adicionalmente, El Siglo de Torreón documentó disputas entre padres y madres de familia de la región Lagunera de Coahuila y Durango por la administración y el ejercicio de los recursos. Las desavenencias, provocaron la toma de algunos planteles educativos y la suspensión de clases. En junio de 2024, se desató un conflicto en la primaria “Alfonso Rodríguez” del centro de Torreón por el uso de los recursos y la situación llegó a tal grado que, un grupo de padres amagó con presentar una denuncia por supuesto abuso de confianza ante el Ministerio Público de la FGR. La escuela recibió 600 mil pesos, y un papá señaló que el 12 de mayo de ese año, la tesorera del CEA, acudió al Banco del Bienestar a retirar 260 mil pesos y que les dijo que al salir, presuntamente había sido víctima de asalto, pero días después, la señora cambió la versión. En esa ocasión, los inconformes dijeron que no había una revisión puntual por parte de la Secretaría del Bienestar en términos de auditoría, control y seguimiento de las obras que hacen las escuelas.

También en junio del año pasado, padres de familia del Jardín de Niños “Profesora Gloria Ayala Maldonado” de la colonia Residencial del Norte, denunciaron que una mamá que fungía como tesorera presuntamente se llevó 200 mil pesos en efectivo y posteriormente, sacó a sus hijos de la escuela por lo que se desconocía su paradero.

PLEEN, ‘SIN PIES NI CABEZA’

Por el lado de La Laguna de Durango, tan solo el año pasado, el subsecretario de Educación Ulises Adame, informó que habían recibido alrededor de 200 quejas relacionadas con supuestos malos manejos del PLEEN y mala calidad en las obras.

En septiembre del año pasado, un fraude cometido al CEAP, dejó sin energía eléctrica a más de 300 estudiantes de la escuela primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta de la colonia 14 de noviembre del municipio de Gómez Palacio. El Comité recibió 600 mil pesos, se contrató a una persona para que instalara un transformador para aumentar la tensión de una corriente alterna pero lo que hizo fue “colgarlos” de la luz y la CFE les aplicó una multa de más de 250 mil pesos.

En agosto de 2024, Emmanuel del Palacio Sicsik, director general del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango (INIFEED), explicó que PLEEN es un programa muy benévolo, pero que al no pasar los proyectos por el INIFED federal ni por los estatales, no tiene un seguimiento como tal.

"Yo celebraría muchísimo que para esta nueva administración federal el recurso se lo asignen al INIFED federal, de manera que se hagan proyectos, con pies y cabeza y que se puedan ejecutar", expresó, "ahorita, pues qué sucede, estas 13 o 15 escuelas que son de las que tenemos hasta este momento reportadas, están colapsadas sus redes eléctricas, compraron aire acondicionados pero no los pueden utilizar", declaró. En agosto de 2024, mencionó que el programa ha causado muchos problemas en las escuelas y citó el ejemplo de una donde se colocó un domo que no tiene las condiciones mínimas de seguridad necesarias para soportar un viento de más de 70 kilómetros por hora, cuando en la región se alcanzan más de 110 kilómetros por hora.

Dijo que hasta ese año, se tenían registradas cinco mil escuelas que habían recibido recursos en Durango y que solamente 15 a 20 proyectos acudieron a solicitar asesoría, por lo que insistió en la necesidad de cambiar las reglas de operación.