Perdemos el amparo
Quizá la aportación más importante de México al derecho ha sido el juicio de amparo. Si bien es similar al Habeas corpus del sistema inglés-estadounidense, el cual evita las aprehensiones ilegales, es más amplio porque protege todos los derechos individuales frente a los abusos de la autoridad.
Se atribuye la creación del amparo a Manuel Cresencio Rejón, político y jurista nacido en Yucatán en 1799, quien introdujo la figura en la Constitución de Yucatán de 1841 para defender a las personas de los abusos de los gobernadores. El jalisciense Mariano Otero la incluyó en el Acta de Reformas de la Federación de 1847 con el objetivo de proteger a los individuos, pero no solo frente al ejecutivo estatal o federal, sino también del legislativo.
El juicio de amparo se ha venido perfeccionando y fortaleciendo. El de Otero, por ejemplo, solo protegía a la persona que los promovía; las demás quedaban fuera. Además, no podía declarar la inconstitucionalidad de una norma. Esto cambió con el tiempo. Las reformas de 2011 lograron, entre otros avances, que los juicios de amparo tuvieran “efectos generales” y permitieron también que colectivos pudieran reclamar el interés legítimo para promoverlos. Otra de las modificaciones de la Constitución en 2011, en el artículo primero, fue establecer el “principio de progresividad”, según el cual los derechos de los gobernados podían aumentar, pero no disminuir, en futuras enmiendas.
De poco o nada ha servido este principio. El régimen de la Cuarta Transformación ha empezado un proceso de desmantelamiento de la Ley de Amparo como producto de la molestia del expresidente Andrés Manuel López Obrador ante los tribunales que declararon inconstitucionales muchas de sus acciones. Una y otra vez López Obrador decretó medidas ilegales, como empezar la construcción del Tren Maya sin tener un manifiesto de impacto ambiental, o impulsó leyes inconstitucionales, como las que cambiaban la legislación secundaria en materia de energía. Los tribunales las rechazaron al otorgar amparos a los afectados. La molestia del presidente se manifestó en una frase a los ministros de la Suprema Corte que definió su sexenio: “Y que no me salgan con el cuento de que la ley es la ley”.
A pesar de que López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, han afirmado ser progresistas y liberales, sus acciones en el tema jurídico han sido regresivas y conservadoras. López Obrador hizo dos reformas que violaban el principio de progresividad, en particular al eliminar los efectos generales en las suspensiones de amparo; nos regresó así a los tiempos en que solo quienes lo promovían se beneficiaban de su protección. La presidenta Sheinbaum ha impulsado otras reformas que limitan el “legítimo interés”, es decir, la definición de quiénes tienen el derecho de promover un amparo, y de plano ha eliminado las suspensiones en casos fiscales o en el congelamiento de cuentas por las autoridades financieras. Hubo incluso un intento por aplicar estas restricciones de manera retroactiva, en violación al artículo 14 constitucional.
No hay conciencia en México de la importancia de que el gobierno esté debilitando el amparo. Muchos mexicanos están contentos porque se reparte dinero en programas sociales, pero pocos se dan cuenta de que a cambio están perdiendo las garantías de la ley.
