Las confusiones dominan. La presidenta tiene razón cuando dice NO a volver a la "guerra contra el narco", pero acto seguido equipara Estado de derecho con ir a matar narcos, cuando lo que está de por medio es la seguridad de la población, la primera obligación del Estado. Por supuesto que el gobierno no debe hacer nada que esté fuera de la ley, aunque lo haga con frecuencia, pero ese es otro asunto. El asunto central que afecta a la población no son los narcos y las drogas, sino la inseguridad en que vive en su cotidianeidad, producto del crimen organizado en la forma de extorsión, secuestro, robo y otros delitos. La obligación del gobierno es hacer cumplir la ley apegándose al Estado de derecho y no hay componente más fundamental de ambos principios que la seguridad del mexicano, comenzando por el más modesto.
Si la prioridad número uno del gobierno no es la seguridad de la población, uno tiene que preguntarse ¿cuál es? Supongo que entre las primeras cincuenta prioridades estarían las de proteger a los beneficiarios del huachicol; asegurar que los narcos tengan vía libre hacia los mercados, nacionales y extranjeros; asegurar impunidad plena para quienes profesen lealtad a Morena; preservar los flujos que alimentan a las clientelas; o, quizá de manera más simple, mantenerse en el poder sin tener que resolver ninguno de los problemas que enfrenta el país.
Con esto no pretendo ofender a nadie, simplemente me pregunto dónde quedan los objetivos de desarrollo o, incluso, de ataque a la pobreza que anima al partido en el gobierno. Si la primera prioridad no es la paz social, por más que uno quiera, no parece haber otra explicación del actuar real del gobierno que las que sugiero en el párrafo anterior.
La pirámide de valores del gobierno está invertida. Hace décadas que existe consenso internacional, originalmente producto de investigaciones de Daniel Patrick Moynihan, respecto a la trascendencia de la pobreza y la criminalidad como obstáculos al desarrollo. Sus estudios demuestran que la pobreza se combate incentivando el empleo, no subsidiando el ocio, como promueven los programas gubernamentales. En sus publicaciones sobre criminalidad, Moynihan critica la proclividad de la izquierda (de la cual él venía) a menospreciar y simplificar los costos de la criminalidad sobre la población más vulnerable para justificar, o excusar y tolerar, la desaparición de un comportamiento civil y civilizado. Al revés, decía él, la criminalidad se debe combatir desde abajo, para promover y elevar las normas de convivencia y los estándares de civilidad.
Es paradójico que la presidenta le impute a "la derecha" la demanda de combatir al crimen organizado, cuando esa es precisamente la actividad más prominente (y, en cierto sentido, la más exitosa) de su propia administración. El asunto no es de ideología, sino del más elemental de los cimientos de la supervivencia de las personas y de la sociedad. Como ilustra la pirámide de Maslow, inmediatamente después de las necesidades fisiológicas viene la seguridad. Sin eso no hay nada. Es cierto que, dada la enormidad y ubicuidad de la criminalidad y la violencia que aquejan al país, hemos caído en la aceptación o normalización del fenómeno. Sin embargo, cuando en el gobierno se preguntan por qué la anomia, por qué la falta de crecimiento, quizá debieran hacer una introspección y observar sus acciones (sobre todo las reformas legales) y sus inacciones (sobre todo en materia de seguridad) para encontrar las respuestas.
La conclusión no puede ser otra que la de que la política gubernamental consiste en que la población acepte la criminalidad, la extorsión, el abuso y la destrucción de todo vestigio de civilidad sin quejarse. La inacción de la autoridad (a todos niveles) frente a la violencia, el asesinato, la destrucción de negocios son prueba fehaciente de que las prioridades gubernamentales están invertidas.
En los albores de su segundo año, el gobierno parece dedicado a perseverar en un esquema que no rindió frutos a lo largo de todo el sexenio pasado, en lugar de abocarse a construir una nueva estrategia, congruente con sus propios valores y legítimas prioridades. La retórica de parálisis frente al narco, en combinación con golpes mediáticos que hubieran sido imposibles en los años pasados, revela las tensiones inherentes a la correlación de fuerzas del momento. Sin embargo, valdría la pena recordar que estos asuntos de la seguridad tienden a alterar el panorama, algunas veces de manera dramática y definitiva. Así ocurrió con el levantamiento zapatista y con la masacre de Acteal; pero, más al punto, es dudoso que Morena hubiera logrado una victoria como la que alcanzó en 2018 de no haber ocurrido esa otra masacre en Ayotzinapa. Sería ingenuo suponer que Uruapan se podrá esquivar sin más.
Recientemente, Carlos Puig recordaba la anécdota que contaba Benjamín Franklin y que es enteramente aplicable al dilema de la seguridad: "Por falta de un clavo se perdió la herradura; por falta de una herradura se perdió el caballo, y por falta de un caballo se perdió el jinete. Por la falta de un jinete se perdió la batalla; por perder una batalla el reino se perdió; todo por la falta de un clavo de la herradura."
@lrubiof
Ático
Es peculiar que en Morena se desprecie la importancia de la seguridad para la ciudadanía; sin ella todo seguirá paralizado.
