El gobierno de Donald Trump ha comenzado a imponer restricciones de viaje y otras sanciones a políticos mexicanos que podrían estar vinculados a corrupción del narcotráfico, ha revelado un reportaje del medio ProPublica.
La investigación señala que la escalada de Trump, ya ha comenzado a aplicarse y es que el fin de semana pasado la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar y su esposo Carlos Torres anunciaron que les fue retirada la visa.
El gobierno de Estados Unidos apuntó que van dos políticos a los que se les prohíbe ingresar a México y se espera que más sean objetivo de estas sanciones mientras revisa listas de varias docenas de de figuras que han sido identificadas de tener vínculos al tráfico de droga por las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia.
“La lista incluye a líderes del partido gobernante de la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como a varios Gobernadores y aliados cercanos del expresidente Andrés Manuel López Obrador”, indica Pro Publica, citando fuentes estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema
A su vez, la gobernadora Marina del Pilar ha abordado el tema justificando que es un asunto administrativo y reiterando su inocencia ante los señalamientos, ya que entre las razones principales para su retiro está el de presuntamente haber cometido crímenes.
Otro personaje al que se reportó el retiro de visa fue del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, lo que fue luego desmentido por el gobierno y luego en un breve mensaje a medios. Pese a esto, en abril fue detenido el alcalde de Matamoros, Alberto Granados, quien luego lo negó.
El medio La Política Online reportó en abril que junto al de Sinaloa, Rubén Rocha; son dos más los gobernadores morenistas que serían objetivo.
ProPublica relató que luego de iniciar Estados Unidos con su política arancelaria, un pequeño equipo de la Casa Blanca inició una revisión de la corrupción ligada al narco en México, solicitando información de agencias de seguridad y de inteligencia sobre figuras de la política, el gobierno y militares con vínculos al crimen organizado.
Fuentes oficiales señalaron que la lista de la Casa Blanca se superpone a una realizada por la DEA en 2019, cuando López Obrador comenzó a suspender la cooperación en combate al narco. Esta lista incluyó al ahora preso exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
El reportaje concluye señalando que mientras López Obrador prometió combatir la corrupción al llegar a la presidencia, se pasó su administración negando que hubiera problemas entre sus filas, incluso cuando brotaron reportes de la prensa señalando a funcionarios cercanos a él e incluso a sus hijos.
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