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Drenaje Pluvial

Proyecto de drenaje pluvial en Torreón sigue sin avanzar por falta de factibilidad ambiental

MARÍA ELENA HOLGUÍN

El Municipio ya completó al cien por ciento la factibilidad legal del proyecto para la construcción de un sistema integral de drenaje pluvial, pero la formalización del convenio para comprar terrenos a particulares que involucra esa parte no se puede concretar mientras éste no avance con la factibilidad ambiental que corre a cargo del Estado.

El director general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Gustavo Muñoz López aclaró con ello que no está al 95 por ciento, como en días pasados se dio a conocer en un documento expedido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde se informaba del estatus de dicho proyecto.

Aseguró que desde hace año y medio se firmó un convenio con dos particulares, dueños de dos predios, para la compra o cesión de esa superficie de más de 30 hectáreas, que está en las inmediaciones de la Vega del Caracol, un área en la que se desfogaría el agua pluvial de la ciudad de manera sostenible.

Por tratarse de terrenos privados, se recurrió a los propietarios y las negociaciones se concretaron, por lo que sólo faltaría formalizar ese acuerdo y su consolidación; a decir del funcionario, el Municipio no gastaría un solo peso, ya que, por tratarse de desarrolladores, se les retribuiría a través de incentivos o certificados de promoción fiscal (Ceprofi).

Es importante disponer de esos terrenos, porque están en un área de antiguas excavaciones para el aprovechamiento de grava y algunos materiales, lo que generó un declive que favorecería el desfogue natural del agua de las lluvias, con lo que se reduciría el rebombeo y por lo tanto, los gastos de operación.

La dependencia atendió también lo correspondiente a los levantamientos topográficos sobre las vías urbanas por las que correrían los ramales de conducción de las aguas pluviales, además de toda la documentación que se entregó por medio de la parte ejecutora del proyecto, que es la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) de Coahuila.

En ese sentido, el director general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo precisó que debido a que el área geográfica que involucra gran parte del proyecto ejecutivo está a cargo de la CEAS, ésta adquiere la figura de ejecutora, además de ser la promotora porque se encargó de hacer el registro correspondiente ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se caería en desvío de recursos

“Torreón está dividido geográficamente, de manera que gran parte de las colonias del norte que casi lindan en el periférico son corresponsalía CEAS; aunque la obra va a pasar por algunos terrenos municipales y el municipio interviene con los permisos, es parte de ese eje y ellos son los encargados de ejecutarlo, tramitar y sufragar los costos del impacto ambiental”, señaló Muñoz López.

Como se ha informado, la manifestación de impacto ambiental (MIA) debe expedirla un despacho externo o un especialista debidamente registrado en la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Semarnat); en este caso tendría un costo de 10 millones de pesos, que además tendrían que ser solventados por la parte ejecutora y promotora.

Citó que el Artículo 28 de la Ley General de Equilibro Ecológico y los Artículos 5, 9 y 11 del Reglamento de Impacto Ambiental establecen que la contratación del servicio para contar con una MIA es la parte ejecutora, de manera que si el Municipio llevara a cabo ese trámite, estaría incurriendo en un desvío de recursos.

No obstante, la administración municipal ha sido colaborativa y en todo momento se ha coordinado con el gobierno estatal para llevar a buen término dicha propuesta, por lo que en días pasados, el alcalde Román Alberto Cepeda aseguró estar en la disposición de colaborar económicamente con parte de los 10 millones de pesos que se requieren para la MIA, con lo que se completaría la factibilidad ambiental del proyecto.

Cabe recordar que la Unidad de Inversiones de la SHCP retiró la vigencia del registro en la cartera de proyectos, por lo que empresarios e instancias de gobierno tendrán que actualizarlo y atender los requisitos que están pendientes para recuperar dicho registro y tener la posibilidad de acceder a fondos federales.

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