De madrugada, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley de Amparo, del Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Avalado por una abrumadora mayoría oficialista de 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, el documento deberá volver al Senado para una nueva discusión y su posterior aprobación con los cambios de las Cámaras.
El diario La Razón que siguió la discusión, hizo mención de los puntos clave y que en su momento especialistas y oposición advirtieron.
Artículo 128:
Uno fue el artículo transitorio tachado de “retroactividad disfrazada”; otro la modificación a la fracción III del artículo 128 de la Ley de Amparo para modificar el término “interés público” a “disposiciones de orden público”; la eliminación de la fracción V, “que de ejecutarse el acto se puedan causar daños de difícil reparación”.
Los legisladores de la oposición criticaron el cambio del término de “interés público” al señalar que se limita el control ciudadano y no se respeta la progresividad de los derechos humanos.
Artículo 129:
El legislador coahuilense por el PT, Ricardo Mejía Berdeja y el morenista Ricardo Monreal presentaron una reserva para modificar la fracción XVI del artículo 129 de la Ley de Amparo de la siguiente forma “Se continúe con la realización de actividades o prestación de servicios que requieran permiso, autorización o concesión emitida por autoridad federal competente, cuando no se cuente con la misma”.
Un diputado del PRI dijo que esta reserva reconocía que en su origen la reforma estaba “mal planteada”, pues el dictamen tenía una limitación adicional sobre que la suspensión no procedería. Pese a ello, esta medida era insuficiente y no eliminaba la falta de certezas para quienes quisieran invertir.
Los oficialistas a su vez aceparon una reserva de Hugo Eric Flores, quien fuera dirigente del PES y ha sido señalado de intentar crear su partido pese a estar en Morena, la cual modifica el artículo Tercero Transitorio a lo siguiente:
“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”.
Flores dijo que con esta adición se ponen reglas a lo que pasa con los asuntos de trámite cuando entra en vigencia una nueva ley, a lo que Monreal añadió que se busca disminuir los recursos de impugnación y solicitudes de nulidad interpuestos por empresarios o “gente poderosa” a lo que una diputada panista Paulina Rubio advirtió que se pretende “perjudicar en retroactivo a todas y todos”, abriendo la puerta a grande para hacer negocio con la justicia.
El priista Erubiel Alonso lamentó que no todos podrán defenderse de las autoridades con las nuevas reglas y no habrá forma de procurar el derecho colectivo que ha servido para defender a niños, comunidades y el medio ambiente.
El panista Federico Döring planteó que la reserva “es un cheque en blanco para volver a traficar influencias”.
¿Qué cambios hubo a la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados?
