La Orden Ejecutiva 14159, dedicada a la "Protección contra la invasión", emitida por Trump el 20 de enero de 2025, permite la expulsión acelerada de migrantes sin derecho a audiencia, la criminalización de aquellos que no se registren como indocumentados, el drástico recorte presupuestal a las llamadas "ciudades santuario", la expansión de la vigilancia interna y la contratación masiva de agentes migratorios. Por su parte, la Ley Laken Riley, que entró en vigor el 29 de enero de 2025, sanciona la detención obligatoria y sin derecho a fianza de migrantes acusados de robo o agresión a agentes migratorios.
En ese mismo mes, Trump suspendió los programas de admisión de refugiados y acabó con el CHNV, destinado a proteger migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, con la intención de obligarlos a regresar a sus países (en la jerga actual: a autodeportarse). Asimismo, decretó el lanzamiento de la Operación Safeguard, destinada a detener y deportar migrantes con un supuesto historial criminal y fomentó el uso de la aplicación CBP Home para promover la "deportación voluntaria". Además, prometió eliminar la ciudadanía inmediata para los niños nacidos en territorio estadounidense si sus padres carecen de papeles.
En febrero, Trump determinó que los migrantes considerados peligrosos fueran enviados a Guantánamo y creó distintas zonas militares en las fronteras de Nuevo México y Texas para aumentar las sanciones por ingresar en ellas. En marzo, resucitó la anacrónica Ley de enemigos extranjeros de 1798 para deportar a El Salvador a venezolanos acusados, muchas veces de forma equivocada, de pertenecer a la banda criminal conocida como Tren de Aragua, y aseguró que enviaría a las prisiones de Bukele incluso a migrantes con ciudadanía. Ese mismo mes, decretó una pausa para revisar las solicitudes de green cards para asilados y refugiados y la reapertura de centros de detención familiar. Desde entonces, miles de migrantes han sido enviados a sus lugares de origen o a terceros países, con frecuencia esposados como criminales, a veces por tierra y a veces en vuelos charter contratados por el gobierno y oprobiosamente tolerados por países como el nuestro.
Desde que tomó posesión en enero hasta agosto de 2025, su gobierno ha deportado, según datos del New York Times, unos 180 mil migrantes, que aumentan a 332 mil si se cuentan los rechazados directamente en la frontera. En su primer mandato, fueron millón y medio. Barack Obama llegó a expulsar a 396 mil en un solo año (si bien la mayoría directamente en la frontera), con un promedio de más de dos millones en sus dos gobiernos. El objetivo declarado de Trump es superarlo. Lo logre o no, la diferencia entre republicanos y demócratas no se halla tanto en sus acciones -Obama intentó proteger a los Dreamers, los niños introducidos a Estados Unidos por sus padres sin papeles, pero no se atrevió a lanzar una necesaria propuesta de regularización-, como en el discurso de odio de Trump, articulado incluso contra quienes cuentan con residencia legal o ciudadanía. Sus acciones no solo afectan a quienes resultan deportados, sino a sus familiares y amigos, cuyas vidas quedan marcadas por la discriminación y el miedo. Si las deportaciones llevadas a cabo por demócratas y republicanos son casi equivalentes, hoy Trump utiliza una estrategia mucho más perversa para lograr sus objetivos: el terror racista.
Por culpa de la globalización neoliberal y del nacionalpopulismo, hoy persiste en el mundo un despiadado régimen de apartheid. Sociedades que dividen a sus habitantes en dos categorías: ciudadanos de primera que, por ostentar un papel de nacionalidad o residencia, cuentan con derechos y ciudadanos de segunda desprovistos de ellos que no hacen otra cosa sino contribuir a su desarrollo y a quienes se demoniza, persigue, encarcela o expulsa como a criminales. Democracias hipócritas que, como en El retrato de Dorian Gray, se esmeran en ocultar este preciso retrato de sus vicios. Mientras negociamos con Trump, en ningún momento debemos olvidarnos de esto.
