Raúl Rocha Cantú pierde protección legal y vuelve a ser buscado por la justicia federal
La Fiscalía General de la República dio marcha atrás al acuerdo que permitió a Raúl Rocha Cantú acceder al beneficio de “testigo colaborador”, decisión que había sido avalada durante la gestión de Alejandro Gertz Manero. Con esta revocación, el empresario vuelve a estar bajo orden de captura por su presunta participación como dirigente de una red dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos y armas.
Desde inicios de esta semana, el Ministerio Público federal solicitó a un juez la reactivación de la orden de aprehensión, misma que fue concedida por Octavio Alarcón Terrón, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro. La instrucción judicial señala a Rocha Cantú por delincuencia organizada, delito que amerita prisión preventiva de oficio en caso de ser detenido.
El giro en su situación legal ocurre mientras el empresario permanece fuera del país. Apenas el domingo anterior, Rocha difundió un comunicado en el que informó el cierre de las oficinas administrativas de Miss Universo en la Ciudad de México y el traslado temporal de sus operaciones a Nueva York, argumentando supuestos “ataques infundados” y un clima de “incertidumbre jurídica”.
El criterio de oportunidad que le fue concedido tuvo una vigencia de apenas 26 días. De acuerdo con documentos oficiales, la FGR, ahora encabezada por Ernestina Godoy, anuló el acuerdo por tres incumplimientos clave. El primero: su inasistencia a dos citatorios, programados para el 8 y 12 de diciembre, ante autoridades de seguridad que buscaban ampliar su declaración. En ambos casos, solicitó comparecer por videoconferencia, alegando riesgos a su integridad.
A ello se suma que tampoco acudió a una diligencia ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, en la que debía ser entrevistado por la defensa de Mari Carmen Ramírez Rodríguez, ex fiscal actualmente procesada y recluida por presuntamente filtrar información a la organización criminal investigada.
El tercer elemento fue la petición formal presentada el 10 de diciembre por Alejandro Fabián Cordero, representante legal de Pemex, quien solicitó revocar el beneficio al considerar que Rocha Cantú no cumplía con los requisitos legales para conservarlo.
Con estos antecedentes, el titular de la Fiscalía de Delincuencia Organizada autorizó el pasado viernes la cancelación definitiva del estatus de testigo colaborador. La ley establece que, para acceder a este beneficio, el imputado debe aportar información sustancial y eficaz sobre delitos de mayor gravedad y comprometerse a comparecer ante la justicia, condiciones que —según la FGR— no se cumplieron.
Como parte de su intento por obtener el criterio de oportunidad, Rocha entregó únicamente un testimonio por escrito en el que aceptó su participación en el contrabando de combustible desde Guatemala. En su versión, afirmó haber intervenido solo en dos operaciones, con una inversión de 4.2 millones de pesos y ganancias por 1.2 millones, información que las autoridades consideraron insuficiente para justificar el trato preferencial.
