Presa 'El Palmito' el pasado mes de julio de 2025. EL SIGLO DE TORREÓN / Ramón Sotomayor
La discusión sobre el futuro del agua en México ha comenzado a tomar forma en los primeros Foros de Parlamento Abierto convocados por la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.
Con la participación activa de comunidades, organizaciones sociales y legisladores, estos espacios han generado resolutivos de alto impacto que buscan transformar el marco legal vigente y garantizar el cumplimiento efectivo del derecho humano al agua.
Elizabeth Estrada, vocera de la Contraloría Autónoma del Agua de la Laguna, destacó que los foros realizados en Puebla y La Laguna han sido clave para abrir una discusión nacional sobre las iniciativas legislativas presentadas. Señaló que se están identificando reformas necesarias para frenar la sobreexplotación, enfrentar la contaminación y reconocer los derechos de las poblaciones que sufren discriminación hídrica.
Entre los resolutivos más relevantes emanados de estos primeros encuentros, se propone prohibir la privatización de los servicios de agua y saneamiento, así como derogar el capítulo de la Ley de Aguas Nacionales que promueve la privatización de obras hidráulicas federales. También se plantea obligar a la Conagua a recuperar los volúmenes de agua sobreconcesionados por los cuales no se han pagado derechos, y reasignarlos prioritariamente a comunidades indígenas, sistemas comunitarios y núcleos agrarios.
Otra propuesta es reestructurar los Consejos de Cuenca, actualmente dominados por grandes usuarios, para incluir representación de pueblos indígenas, comunidades afectadas por la contaminación y sistemas agrarios. Se busca reconocer los derechos ejidales al agua como imprescriptibles, inembargables e inalienables, además de supervisar y auditar los Módulos de Riego para erradicar la corrupción en su operación.
También se propone prohibir el concesionamiento de cauces federales para el vertimiento de desechos mineros, industriales y del fracking, así como la extracción de aguas subterráneas de edad geológica. Finalmente, se plantea tipificar la contaminación del agua como un delito contra la salud pública.
Actualmente, se encuentra bajo revisión el paquete legislativo presentado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que propone conservar la actual Ley de Aguas Nacionales con algunas reformas, entre ellas que sea la propia Conagua quien autorice la transmisión de derechos. También se incluye una propuesta de Ley General de Aguas que reconoce el derecho al agua y saneamiento, pero sin establecer mecanismos claros para su cumplimiento.
Los foros han retomado elementos de tres iniciativas legislativas previas: la de la diputada Xóchitl Zagal, la del diputado Juan Hugo de la Rosa, y la presentada por 13 legisladores de Morena y el Partido del Trabajo, basada en la Iniciativa Ciudadana de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida.
La dinámica de Parlamento Abierto ha permitido que las voces de comunidades históricamente excluidas sean escuchadas. Se ha planteado la necesidad de transparentar el sistema de concesiones, especialmente ante el dato alarmante de que solo se recauda el 20 por ciento de los derechos debidos por los grandes concesionarios industriales y de servicios.
Además, se identificaron futuras avenidas de colaboración entre legisladores, comunidades y ciudadanía para apoyar el compromiso de la presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos de poner orden en el sistema hídrico nacional.
La Comisión continuará organizando foros en el norte, centro y sur del país, buscando una participación amplia y representativa. Los resolutivos de estos encuentros serán entregados el 17 de noviembre, y servirán como base para el dictamen legislativo sobre las iniciativas presentadas.
