Reforma hacendaria atenta contra derechos de ciudadanos: Gerardo Aguado
El Diputado del Partido Acción Nacional, Gerardo Aguado Gómez, manifestó su rechazo a la reforma hacendaria promovida por Morena, al considerar que forma parte de una estrategia que, según declaró, busca fortalecer al Gobierno Federal a costa de los derechos ciudadanos.
Aguado recordó que, desde 2018, las iniciativas impulsadas por Morena han tenido como eje la centralización de decisiones en la Federación, una práctica que calificó como un riesgo directo para la autonomía municipal y la soberanía de los estados:
“La constante ha sido cancelar derechos y concentrar poder”, afirmó.
El legislador panista subrayó que uno de los aspectos más preocupantes de la reforma es la posibilidad de que las nuevas herramientas de fiscalización se utilicen con fines políticos.
Advirtió que el incremento en las facultades del Gobierno Federal podría derivar en persecuciones selectivas, bajo el argumento de combatir el lavado de dinero o irregularidades financieras.
“Lo verdaderamente grave es que estas facultades se empleen para intimidar a quienes piensan distinto. Es un riesgo para las libertades y para la democracia”, expresó Aguado Gómez.
Aunque reconoció la necesidad de una supervisión eficaz para detectar delitos financieros, insistió en que la fiscalización no debe vulnerar los derechos fundamentales ni dejar a la ciudadanía expuesta a decisiones discrecionales.
Aguado acusó que la reforma propuesta amplía considerablemente el margen de acción del Poder Ejecutivo, al reducir los contrapesos que antes limitaban la actuación de las autoridades hacendarias.
Según explicó, las modificaciones permitirían realizar procesos de verificación y comprobación con menos restricciones, lo que, a su juicio, deja a los ciudadanos en una posición de menor protección jurídica.
“Le están dando al Estado mexicano el poder de perseguir a quien les incomode por lo que hace o dice”, señaló.
El Diputado llamó a revisar a fondo los candados legales que regulan el actuar de la autoridad fiscal, y pidió que se establezca un equilibrio real entre la vigilancia de los recursos y la protección de las libertades individuales.
“Las instituciones se sostienen con normas claras y contrapesos efectivos, no con concentraciones excesivas de poder”, concluyó Aguado.
