Una república segura de sí misma, hegemónica bajo las medidas convencionales, comienza a precipitarse hacia el caos y el conflicto civil. Su clase gobernante ha estado concentrando de manera constante la inmensa riqueza de la república en sus propias manos, ignorando la creciente precariedad de los menos favorecidos. A medida que aumenta la inestabilidad, esta clase, que en gran medida también había monopolizado los cargos políticos, empieza a perder credibilidad ante el resto de la población. Los demagogos, surgidos de esa misma clase gobernante pero que explotan el odio popular contra ella, prosperan. Al mismo tiempo, la corrupción política crece y el escarnio popular explota. Sin embargo, las muestras de exceso y abuso a menudo resultan ser más un vehículo de entretenimiento o de ajustes de cuentas producto de vendettas y venganzas entre familias poderosas que mecanismos para hacer valer la justicia. Las transiciones de poder se tornan tensas, irregulares y marcadas por la violencia. La peligrosa lógica de la superioridad moral implica que las violaciones a las leyes y normas por parte de un bando casi garantizan violaciones aún peores por parte de sus oponentes cuando, inevitablemente, cambien las mareas políticas.
Uno pensaría que se trata de una descripción del acontecer nacional en los últimos tiempos, pero en realidad se trata de la descripción que hace Josiah Osgood sobre las últimas décadas de la república romana en su libro Lawless Republic, "La república anárquica". El mensaje central del libro es que el declive de Roma es un poderoso recordatorio de que las instituciones republicanas no pueden sobrevivir si sus élites evaden sus responsabilidades centrales, son impunes ante sus actos y viven distantes, o abstraídas, de las preocupaciones cotidianas de la población. Todavía más al punto, dice Osgood, "el poder de la retórica y la demagogia en cualquier república popular debería darnos razón para dudar de que las elecciones servirán como un contrapeso para el mal comportamiento de las élites". Y concluye: "Procesar judicialmente a los liderazgos por los crímenes en que hayan incurrido puede ser peligrosamente desestabilizador. Pero, como muestra el caso de Roma, permitir que los líderes populares queden impunes de sus crímenes es mucho más peligroso en el largo plazo".
Desde que Morena llegó al poder, y especialmente desde septiembre pasado con el llamado "Plan C", el partido gobernante ha ido alterando uno a uno los elementos que le conferían cierta predictibilidad al funcionamiento del gobierno y de las instituciones públicas en general. Se eliminaron o neutralizaron una infinidad de instituciones, mecanismos y medios que habían sido concebidos para conferirle certeza y estabilidad a la ciudadanía y contrapesos al Poder Ejecutivo, creando un entorno de potencial incertidumbre que, si bien no igual al de Roma, el espectro de ese ejemplo no deja de rimar. Evidentemente, no todas esas instituciones y mecanismos cumplían su cometido o lo hacían de una manera eficiente y austera, pero la alternativa que Morena nos ha prodigado es infinitamente peor: total ausencia de certidumbre. La pregunta obvia es cuáles serán las consecuencias de ese modo de actuar.
Un gobierno sensato estaría procurando modos más eficaces y menos onerosos para satisfacer la necesidad de contar con fuentes de certidumbre, pero no: el siguiente paso que propone la administración es destruir la institución que todos los mexicanos reconocen de manera universal, el Instituto Nacional Electoral, INE.
Los de Morena guardan un gran agravio con el entonces IFE por la elección de 2006; independientemente de la veracidad de los cargos que le profieren a las instituciones electorales de aquel momento, el hecho innegable es que el entonces PRD, hoy Morena, le perdió la confianza. Por lo tanto, es comprensible su decisión de actuar. Sin embargo, una cosa es corregir los males, abusos y otros potenciales vicios que caracterizan al esquema electoral vigente (como debió ser el caso con el amparo) y otra muy distinta es intentar imponer un monopolio del poder aprovechando su control temporal de la presidencia y del Congreso.
Cuando se emprendió la reforma electoral de 1977, el gobierno de entonces buscaba reducir tensiones y fuentes de conflictividad por medio del reconocimiento y legitimación de las fuerzas de izquierda que habían quedado al margen de la legalidad. La relevancia de aquella reforma no residía en su dimensión numérica, pues los contingentes de los partidos y organizaciones beneficiarias eran relativamente pequeños, si bien políticamente trascendentes. La propuesta de Morena es exactamente la contraria: marginar a cerca de la mitad de la población que votó por otras opciones políticas en 2024. Mientras que la reforma de Reyes Heroles procuraba abrir al sistema, la de Morena crea una olla exprés, con consecuencias potencialmente dramáticas.
Hay muchas maneras de resolver el entuerto electoral actual, como ilustran vívidamente las innumerables propuestas que se han estado presentado en las páginas de opinión. Lamentablemente, la peor de todas es la que propone Morena porque no tiene por objetivo resolver un problema, sino legitimar la impunidad y, por consiguiente, acelerar la descomposición del sistema político.
@lrubiof
Ático
Todos los sistemas políticos entrañan riesgos estructurales, pero el gobierno actual parece decidido a acelerar su descomposición.
