Por octava ocasión fue suspendido el procedimiento arbitral de inversiones que el 18 de febrero de 2025 solicitó la compañía checa del cianuro Draslovka Holdings A.S. contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Grupo Banco Mundial, con sede en Washington, Estados Unidos, en el que la empresa de tecnologías químicas y mayor proveedora mundial de productos de cianuro de sodio, insumo utilizado por la minería a cielo abierto, reclama haber sufrido pérdidas por daños valorados en unos 240 millones de dólares (MDD) por la ruptura del acuerdo de desmantelamiento de la fábrica de cianuro -antes The Chemours Company- de La Laguna, en el norte de México.
El CIADI informa que el 17 de noviembre de este año la suspensión del procedimiento solicitado por Draslovka contra México se prorrogó hasta el 1 de diciembre, "de conformidad con el acuerdo de las partes".
El procedimiento fue suspendido antes en siete ocasiones: el 14 de mayo, el 4 de agosto, el 18 del mismo mes, el 16 de septiembre, el 30 de ese mes, el 30 de octubre y el 17 de noviembre.
Casi todo el año 2025 sin avance. ¿Por qué?
Como en este mismo espacio se informó, el 18 de febrero de 2025 el Secretario General del CIADI registró la solicitud de la reclamante Draslovka Holdings A.S., de República Checa, para iniciar el procedimiento arbitral contra México.
La propia Draslovka designó al árbitro, José Martínez de Hoz, argentino/italiano que aceptó.
Esto hace al CIADI un organismo desequilibrado y explica porqué toma partido siempre por las grandes corporaciones.
El CIADI es un tribunal de justicia transnacional operado por el Banco Mundial por encima de las leyes nacionales en el que las grandes corporaciones pueden doblar a cualquier Estado.
Creado en 1966, el CIADI ha revivido en los últimos años, dinamizado por el modelo neoliberal en el que las compañías transnacionales ocupan la institución como espacio preferido para demandar a los Estados que considera interfieren en sus objetivos.
Las transnacionales aprovechan el tribunal para arrancar indemnizaciones multimillonarias a los Estados. El Banco Mundial funge como juez y parte en los procesos.
El CIADI es, sin duda, una amenaza para la soberanía nacional.
En 2021, Draslovka adquirió la división de minería de la empresa estadounidense The Chemours Company para ampliar su actividad en México.
En diciembre de ese año decidió retirarse de un proyecto de construcción de una planta de cianuro en Gómez Palacio, Durango, envuelta desde el 2017 en disputas con comunidades locales que buscaban evitar la instalación de la fábrica.
Draslovka tiene operaciones de suministro de sus productos de cianuro a minas de metales en México en los estados de Zacatecas, Guerrero y Sonora, y mantenía intereses en las instalaciones de la planta de producción que construía en inmediación de Pueblo Nuevo El Siete y Dinamita, Laguna de Durango, a la que no había podido acceder por las continuas protestas de los pueblos de la zona para llevar a cabo el desmantelamiento de las estructuras.
El CIADI tiene registro del informe financiero de la misma compañía remitido a la United States Securities and Exchange Commission, de agosto de 2017, que indica que varios residentes de las comunidades aledañas presentaron una demanda contra la autoridad gubernamental involucrada en el otorgamiento del permiso ambiental del proyecto.
En octubre de 2020 -según obra en el expediente de Draslovka ante el CIADI-, un Tribunal Federal Administrativo con sede en la Ciudad de México, anuló el permiso ambiental existente y solicitó su modificación, incluyendo detalles sobre el manejo, administración y descarga de amoniaco en las instalaciones.
En marzo de 2018 una asociación civil presentó una demanda de amparo contra las autoridades gubernamentales implicadas en el proceso de concesión de permisos de la instalación.
Obtuvo una suspensión del juez de distrito para detener los trabajos de construcción.
Tal suspensión fue posteriormente levantada en apelación y confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En septiembre de 2019 se presentó una segunda demanda similar y, de nuevo, se concedió la suspensión de la construcción.
La compañía interpuso un recurso de apelación, por el que recibió una sentencia favorable en junio de 2021.
Sin embargo -argumenta la compañía en documentos que presentó al CIADI-, en diciembre de 2021, el gobierno de La Laguna de Durango confirmó la salida "de Draslovka" del proyecto y la retirada del material decididos por la empresa.
"En agosto de 2023, después de la incapacidad de levantar el proyecto por parte de Draslovka, comenzaron los trabajos de desmantelamiento de la planta de cianuro en La Laguna; se pretendía que culminaran en diciembre de ese año".
No obstante -según el argumento de Draslovka ante el tribunal de transnacionales- desde enero de 2024 "con prácticamente todos los equipos recogidos salvo estructuras de gran tamaño, el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio evitó el acceso a la planta al personal de la compañía".
"Draslovka informó de la cancelación forzosa del proyecto así como de la imposibilidad de acceder a su propiedad o de acceso a legislación que protegiera su proyecto".
Vino entonces el proceso de demanda ante el CIADI.
En su alegato de reclamación de 240 millones de dólares, Draslovka sostiene que el 9 de septiembre de 2024 notificó formalmente a México de su intención de iniciar el arbitraje de inversiones ante el CIADI por sus pérdidas en la planta de cianuro de sodio en La Laguna.
La transnacional del cianuro invoca ante el CIADI el incumplimiento por parte de México de proveer protección y seguridad a sus inversiones, de "expropiación sin compensación" y de violar el debido proceso.
Se atoró, sin embargo, la demanda de Draslovka en el tribunal transnacional en lo que va de 2025.
@kardenche
