
Se desplazan familias de Sinaloa a Durango
Durango consolida su reputación como refugio seguro ante migración desde Sinaloa
Según información reportada por la periodista Claudia Barrientos, empresarios y autoridades duranguenses respaldan la llegada de inversiones y familias, pero piden vigilancia para no afectar la estabilidad del estado.
Durango se ha convertido en un destino atractivo para familias y trabajadores originarios de estados como Sinaloa, fenómeno que ya impacta positivamente en la demanda de vivienda y la economía local, según confirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez.
En línea con lo señalado por el gobernador del estado, Montelongo destacó que esta movilidad poblacional se refleja especialmente en el crecimiento de fraccionamientos privados. "La verdad es que, al final del día, todas las inversiones lícitas son bienvenidas y aportan a la economía duranguense", afirmó.
Aunque reconoció que no ha habido acercamientos formales con empresarios sinaloenses, explicó que la presencia de familias y trabajadores de esa entidad es cada vez más notable. "Vemos que ya hay mucha gente viviendo y trabajando en Durango. Es una situación natural: la violencia en Sinaloa es una realidad complicada. Creo que ven en Durango una ciudad segura, tranquila, y la verdad es que la gente es bienvenida, sobre todo cuando viene a aportar".
Postura oficial: oportunidades y alertas
El diputado local Alejandro Narváez coincidió en que la llegada de personas desde Sinaloa puede ser positiva para Durango: "Qué bueno que en Durango se pueda vivir con calidad; bienvenidos quienes sumen lo mejor de sus experiencias personales y de vida".
Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de mantener vigilancia en materia de seguridad para preservar la estabilidad que caracteriza a la entidad: "Durango es un estado seguro, que presume grandes condiciones. Pero es importante que no lleguen otro tipo de personas que puedan enrarecer nuestro ambiente de paz".
Narváez también informó que se trabaja en una iniciativa de ley para profesionalizar y regular el sector inmobiliario, con el objetivo de garantizar que el aumento en la demanda de vivienda beneficie a la sociedad duranguense bajo un marco de certeza jurídica.