Se publica Decreto que expide la nueva Ley General de Aguas

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el Decreto que expide la nueva Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, una transformación legal impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y largamente demandada por comunidades, especialistas y organizaciones sociales.

La nueva legislación coloca al agua en el centro de la vida pública del país, al dejar de considerarla una mercancía y reconocerla como un bien esencial cuyo acceso debe estar garantizado para todas las personas. Con ello, se busca atender problemáticas históricas que han afectado especialmente a regiones rurales, zonas marginadas y comunidades que por años han enfrentado escasez, sobreexplotación de acuíferos y prácticas de acaparamiento.

El marco legal recién aprobado establece medidas para evitar el acaparamiento del recurso, prevenir la sobreexplotación de los acuíferos y erradicar el mercado negro del agua, fenómenos que han profundizado desigualdades y han puesto en riesgo la disponibilidad del líquido para miles de familias.

En un país donde la sequía, el crecimiento urbano desordenado y la presión industrial han generado tensiones crecientes por el acceso al agua, estas reformas buscan equilibrar las necesidades productivas con el bienestar social y ambiental. La intención es que el agua llegue primero a quienes más la necesitan y que su uso sea sostenible para las generaciones futuras.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) aclaró que las reformas no afectan derechos adquiridos ni representan un obstáculo para la actividad productiva. Por el contrario, el nuevo régimen de concesiones pretende evitar prácticas de acaparamiento, mejorar la transparencia en la asignación del recurso y ofrecer certeza jurídica a todos los usuarios.

Este enfoque busca que el agua deje de concentrarse en pocas manos y que su distribución responda a criterios de equidad, sustentabilidad y beneficio social.

Aunque la ley fortalece las facultades del gobierno federal, mantiene mecanismos de coordinación con estados y municipios, reconociendo que la gestión del agua es un esfuerzo compartido. La administración del recurso seguirá dependiendo de la colaboración entre autoridades locales, organismos operadores y comunidades, especialmente en zonas donde la infraestructura hídrica es limitada o enfrenta rezagos históricos.

La Conagua reiteró su compromiso de mantener una comunicación abierta con usuarios, autoridades locales y organizaciones sociales durante la implementación de la nueva Ley General de Aguas. El organismo acompañará a los sectores productivos en su proceso de adaptación a las nuevas disposiciones, con el objetivo de transitar hacia un uso más responsable y sustentable del recurso.

Este acompañamiento será clave para que la transición no afecte la actividad económica y, al mismo tiempo, permita avanzar hacia un modelo de gestión hídrica que priorice el bienestar de las comunidades y la protección del medio ambiente.

La publicación de estas reformas representa un avance significativo en la lucha por garantizar el acceso equitativo al agua en todo el país.