El Consejo General del INE determinó improcedente la solicitud del Senado y Cámara de Diputados para cancelar 26 candidaturas del Poder Judicial, señaladas por vínculos con el crimen organizado, violencia, entre otros.
El órgano electoral señaló que no es el momento procesal para pronunciarse sobre la elegibilidad de las candidaturas, ya que esto ocurre en dos momentos: en la evaluación de comités y después de la elección, previo a la entrega de constancias de mayoría.
"Además, derivado de la etapa del Proceso Electoral que se encuentra en curso, estima pertinente realizar la verificación de los requisitos de elegibilidad, previo a la etapa de Entrega de constancias de mayoría y declaración de validez de la elección", apunta.
De igual manera, solicitan al Senado enviar los expedientes de las más de 3 mil candidaturas que fueron recibidos por los comités de evaluación, a fin de revisar la idoneidad para la validez y constancias de mayoría.
"La información contenida en los expedientes es información oficial que recabaron los Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión, misma que cuenta con el valor probatorio necesario ya que dichos datos y documentos fueron obtenidos con motivo de la postulación de las personas interesadas en ocupar un cargo del PJF", expone.
En caso de no contar con los expedientes señalados, el Senado podrá requerir a los otros Poderes de la Unión que les remitan dicha información.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que el acuerdo es claro sobre los plazos y atribuciones del Instituto, y especialmente la independencia, "porque si algo distingue a este Instituto, es que actúa libre de presiones, con autonomía técnica, estrictamente apegado a derecho".
El consejero Arturo Castillo puntualizó que el Instituto sí tiene facultades para revisar la elegibilidad de las candidaturas, pero no es una facultad arbitraria, sino que está sujeta a tiempos expresos, específicos, que están regulados en una jurisprudencia.