'Sedu no puede anular Escuela es Nuestra'
Por el principio de supremacía constitucional, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Educación (Sedu), no tiene la facultad legal para frenar o anular un programa federal como La Escuela es Nuestra (PLEEN). Sin embargo, sí puede coadyuvar, supervisar, establecer protocolos de seguridad y orientar a las sociedades de madres, padres de familia y tutores en la correcta aplicación de los recursos, explicó Jesús Francisco López González, doctor en Ciencias Pedagógicas y doctorante en Derecho por el Centro Carbonell.
"Es verdad que existe la soberanía de los estados; esto significa que son soberanos y autónomos en su régimen interior, con capacidad para crear sus propias leyes y gobernar sus asuntos internos dentro del marco constitucional. Pero solo dentro de su ámbito, y La Escuela es Nuestra es un programa federal, con recursos federales plenamente autorizados por el Congreso de la Unión y establecidos en el Presupuesto de Egresos ya sancionado", precisó.
Cabe destacar que corresponsales de El Siglo de Torreón en Saltillo solicitaron la postura de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Coahuila a través del Departamento Jurídico pero ayer no fue posible tener su versión ni conocer el mecanismo administrativo o legal por el cual se realizará el procedimiento para frenar el PLEEN en Coahuila.
El Siglo de Torreón también solicitó a voceros del Gobierno de Coahuila información al respecto pero no fue posible contar con ella este viernes.
El especialista señaló que el Estado podría, en todo caso, presentar una controversia constitucional, aunque consideró que esto podría ser contraproducente debido a las buenas relaciones entre el Gobierno de Coahuila y la presidenta de la República. Otro mecanismo posible sería recurrir al amparo, pues existen antecedentes de jueces federales que han suspendido el programa hasta que se subsanen vacíos o se cumpla con el acto reclamado.
Sin embargo, subrayó que no se puede frenar o suspender motu proprio (por iniciativa propia).
MECANISMOS DE SUPERVISIÓN
Agregó que lo que sí procede legalmente de inmediato para la Sedu es establecer mecanismos de supervisión de obras, aplicar protocolos de seguridad escolar durante su ejecución y fomentar un contacto más estrecho entre el personal directivo y docente con los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), integrados por padres de familia responsables de ejecutar.
Esto coincide con lo establecido en la Ley General de Educación, en sus artículos 128 y 129, donde se señala la obligación de "colaborar con las autoridades escolares, al menos una vez al mes, para la superación de los educandos y el mejoramiento de los establecimientos educativos", así como "conocer el presupuesto asignado a cada escuela, su aplicación y los resultados de su ejecución".
Con el programa PLEEN, las escuelas de nivel básico reciben entre 200 mil y 600 mil pesos, dependiendo del número de alumnos inscritos (de 2 a más de 151). Por ello, el especialista insistió en la importancia de una supervisión conjunta por parte de la Sedu, con el fin de llenar los vacíos legales que se observan en la aplicación de los recursos, donde se indica que no deben intervenir terceros u otros actores.
"La base legal para la intervención de la Sedu se encuentra en el interés superior de la niñez, mencionado en el artículo segundo de la Ley General para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en los artículos tercero y cuarto de la Constitución, donde se establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará por dicho principio. Quien tiene la obligación de garantizar la seguridad y el bienestar de la niñez dentro de las escuelas es el personal directivo y docente", puntualizó.
Finalmente, López González subrayó que, aunque los CEAP administran el programa, existe una Ley de Educación Estatal en Coahuila que obliga a las escuelas a velar por la seguridad, protección y cuidado de los estudiantes desde el momento en que ingresan al plantel.
