El primer caso sentó el precedente. Cuando, el 1º de diciembre de 2006, Genaro García Luna fue nombrado como secretario de Seguridad Pública por Felipe Calderón, este ya conocía -como el resto del país- su relación con el caso Cassez-Vallarta. Apenas en febrero de ese mismo año, García Luna había acudido al programa Punto de partida de Denise Maerker y, al ser cuestionado por la conductora sobre las incongruencias en los reportes policiacos sobre la fecha y hora de la detención de los dos supuestos secuestradores, reconoció ante las cámaras que había organizado una "recreación" de su captura y de la liberación de tres secuestrados -es decir: un montaje- a petición de los medios de comunicación.
Hoy sabemos que lo que dijo aquel día en realidad fue otra mentira: ese 9 de diciembre de 2005 no hubo ninguna recreación: como me confesó el propio Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna y su operador sobre el terreno, no hubo ninguna repetición de los hechos. Lo que se vio en las pantallas de Televisa y TV Azteca es exactamente lo que ocurrió: la transmisión, en vivo, de una escenificación mediante la cual la policía condujo al rancho Las Chinitas tanto a los supuestos criminales como a sus supuestas víctimas. En cualquier caso, esto resulta irrelevante para lo que estamos discutiendo ahora: su incorporación al nuevo gobierno de Calderón.
Durante los meses en que este debió dedicarse a evaluar, junto con sus asesores más cercanos, los perfiles de las personas que podrían ocuparse de una de las áreas más delicadas y relevantes de su equipo de trabajo, el Presidente por fuerza debió tener frente a sí el recordatorio del día en que, en una entrevista en la principal cadena del país, el entonces jefe de la Agencia Federal de Investigaciones -la policía federal- reconoció públicamente no solo haber mentido con impunidad, sino haber violado todas las reglas del debido proceso, haber revictimizado a los presuntos secuestrados y haber violado los derechos humanos de los presuntos delincuentes.
Como sabemos, esta información no le pareció relevante a Calderón. Repitámoslo: el hecho de que el hombre que iba a convertirse en el máximo responsable de la seguridad pública en el país -y, en unas semanas, en el principal artífice de su guerra contra el narco- hubiera cometido todas estas faltas -del engaño al abuso de autoridad- no le representó ningún obstáculo a la hora de nombrarlo. Visto lo que ocurrió a partir de entonces -una interminable sucesión de montajes en las capturas de los principales capos del país-, más bien tendríamos que concluir lo contrario: Calderón lo eligió justo por ser alguien capaz de mentir de forma tan descarada frente a las cámaras y de operar sin ningún escrúpulo con tal de preservar la razón de Estado. Una vez que García Luna fue capturado, procesado y sentenciado por sus vínculos con los mismos criminales que decía combatir, Calderón no ha cesado de afirmar no solo que él nunca estuvo al tanto de las actividades delictivas de su brazo derecho, sino que jamás sospechó de él: una afirmación que, dados los antecedentes a partir de los cuales lo contrató, resulta inverosímil.
Tanto como el actual relato de Adán Augusto López Hernández -o, para el caso, el del almirante José Rafael Ojeda con sus sobrinos-, quien mantenía una larga relación con Hernán Bermúdez, su propio secretario de Seguridad, acusado no ya de tener vínculos con el narcotráfico, sino de ser el principal líder de un amplio conglomerado criminal, y con quien mantenía una amistad pública y conformaba un mismo grupo político. Otra vez: como en muchos otros casos -de Aguascalientes a Nayarit-, da la impresión de que si el político en turno nombra a un responsable de seguridad es porque sabe que le dará los resultados que ansía -la disminución, así sea aparente, de la delincuencia- usando todos los métodos a su alcance. Ese sería el principal requisito para el puesto. Al final, si algo falla, uno siempre podrá decir que no, que ni siquiera se le pasaba por la cabeza que el hombre de todas sus confianzas fuera, bueno, un criminal.
