La presidenta Sheinbaum, junto con sus adláteres y corifeos, siguen insistiendo con la cantaleta de que México está dando una lección de democracia porque se van a elegir a todos los jueces del país. Eso, repiten sin ton ni son, va a hacer de la nuestra la nación más democrática del mundo y de la historia, porque nunca, en una que hubiera adoptado esa forma de gobierno, se había electo al conjunto de responsables de impartir justicia.
Comprendo que a muchos (incluidos algunos encumbrados -e ignorantes- jerarcas del oficialismo) les resulte complicado entender que la elección de algunos cargos públicos pueda resultar antidemocrática, como hemos venido insistiendo; pero lo cierto es la democracia es un sistema en donde sólo los cargos de representación política, es decir, aquellos que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones colectivas en nombre y por cuenta de otros -precisamente sus representados- son electos popularmente. Hay otras responsabilidades públicas que, por su carácter técnico -como lo es la impartición de justicia- no pueden ni deben estar en manos de funcionarios electos porque eso implicaría politizar su función.
En una democracia, en efecto, los jueces no son representantes de las mayorías que los eligieron, sino los responsables de, al resolver los asuntos que se someten a su juicio (que muchas veces son impugnaciones en contra de las decisiones tomadas por esas mayorías), decidir quién tiene razón protegiendo los derechos y libertades de todos los miembros de la sociedad, con independencia de que sean parte de la mayoría o de las minorías que en ella existen.
Por eso la imparcialidad política de los encargados de impartir justicia es una de las primeras condiciones de las democracias constitucionales, porque son quienes, en determinadas ocasiones, tienen que pronunciarse incluso en contra de las decisiones que han tomado las mayorías, aunque las mismas cuenten con el respaldo de amplios sectores de la población, si éstas afectan indebidamente los derechos humanos o van en contra del orden jurídico y constitucional vigente.
Los jueces, son por excelencia, el ejemplo más claro de lo que la teoría constitucional ha definido como "instancias contramayoritarias", es decir, los órganos encargados de frenar los excesos y los abusos que cometan los poderes políticos electos por las mayorías y que actúan en nombre y representación de éstas (precisamente el Legislativo y el gobierno). Y esas instituciones de atenuación y freno del poder de las mayorías son, justamente, indispensables en las democracias porque en éstas, si bien dichas mayorías tienen el derecho de gobernar y de hacer prevalecer sus puntos de vista y sus decisiones, no se trata de un derecho absoluto.
Las democracias nacieron históricamente para confrontar el poder ilimitado e incontrastado que llegaron detentar los reyes en la época de la monarquía absoluta. Es en contra del poder ilimitado del Estado y para proteger frente éste los derechos, intereses y libertades de los gobernados (de todos y no sólo de algunos) que surgieron la democracia moderna y el Estado constitucional. En ese proceso nunca se pretendió sustituir el poder absoluto de los monarcas por el poder absoluto de las mayorías. Es cierto, las democracias nacen bajo la premisa de que la soberanía la detenta el Pueblo, pero éste no equivale las mayorías, sino que es, como lo recuerda Rousseau (creador del concepto), el conjunto de todas y todos los ciudadanos sin excepción (mayorías y minorías incluidas).
Por eso, pretender que la mayoría se imponga sin límites ni frenos a las minorías no es algo democrático, al contrario, es una forma de despotismo (ejercido sobre éstas).
Dado que los jueces en las democracias cumplen el papel fundamental de vigilar que las mayorías no abusen de su poder y que lo ejerzan dentro de los límites y restricciones que establece la ley, pretender que éstos sean electos y se deban, por tanto, a las mayorías que los voten, no es una decisión que refuerce a la democracia, sino una que, al contrario, la corrompe y la desvanece. No es casualidad, por ello, que hasta ahora ninguna democracia haya electo a todos sus jueces.
Con la absurda imposición que el obradorismo hizo de su reforma judicial, México sí se ha convertido en un ejemplo para el mundo, pero no de democracia como dicen, sino de simulación democrática.
