Es llamativo. Dos de las más osadas y valientes acciones de gobierno no aparecieron en el discurso con el que, según su parecer, la presidenta Claudia Sheinbaum rindió cuentas del primer año de su gestión.
Con detalle a veces exagerado, la mandataria relató el grado de avance de infinidad de políticas, programas, obras y proyectos. Empero, nada refirió sobre la aparente decisión de separar política y delito, significada en el golpe al contrabando de combustible que involucra a altos mandos navales y políticos, así como en la detención del líder de un cártel criminal que operaba con disfraz de jefe de la policía en Tabasco, durante el gobierno del actual coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López.
El silencio presidencial sobre esas dos acciones resonó más que lo dicho durante casi una hora, dejando en duda si de la decisión se pasó a la vacilación.
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En la duda de avanzar o retroceder en esas acciones, la mandataria se juega la posibilidad de trascender como una jefa de Estado distinta o como una jefa de gobierno más. De abanderar la continuidad con cambio o el continuismo sin motivo.
El vínculo de política y delito, conjugado con la corrupción, ha sido un mal que, por décadas o sexenios --sin importar signo ni color político del gobierno en turno--, ha impedido darle horizonte a la nación. Y la idea de reventar esa liga no depende sólo de la voluntad presidencial, reclama del apoyo crítico y decidido de vastos sectores del crisol de fuerzas, factores, agentes y actores de poder político, económico, social, judicial y mediático resueltos a diluir aquella asociación, aun a costa del sacrificio. Romper esa liga exige madurez y grandeza, no infantilismo y mezquindad políticas, así como enorme apertura para entrar a dialogar y acordar aún con quiénes no se quiere hablar.
El vaivén presidencial, en torno a esas dos acciones, permite suponer que se emprendieron a partir de un minucioso y reconocible trabajo policial de inteligencia, estrategia y operación. Sí, pero sin haber hecho el cálculo político ni tasado la correlación de fuerzas para afrontar las consecuencias y, en tal virtud, ahora al parecer se titubea, dudando en ir hasta donde es preciso llegar.
En cierto modo, se sacudió la estructura del poder sin tener muy claro qué era lo que se sacudía y si se estaba en condición de hacerlo. El punto por resolver ahora es continuar o cancelar el lance.
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Continuar la colosal tarea de romper la liga entre política y delito exige un giro radical en la postura del gobierno ante múltiples frentes y en distintos campos, propios y ajenos.
De entrada, sería menester fijar los términos de la relación del gobierno con el movimiento que lo ampara. Definir con claridad la postura de Morena al respecto porque, hasta ahora, flota temerosa entre la delación y el encubrimiento de aquellos cuadros que militan en las filas del crimen, la política y la corrupción con credencial guinda. Tras abrir la puerta indiscriminadamente a quien quisiera entrar con tal de acumular fuerza, ahora, ese movimiento se preocupa por aquellos que pudieran llegar sin fijarse en quienes ya están dentro. En el propósito de separar política y delito e ir hasta donde sea necesario, ¿Morena acompañaría o dejaría sola a la mandataria? De salida, el gobierno tendría que tender puentes y dialogar con sectores y actores afines y contrarios de muy distintos campos eventualmente dispuestos y decididos a llevar a cabo ese sacudimiento y replantear al Estado en ese capítulo fundamental del derecho y la democracia. Y salir del juego absurdo y peligroso de tildar de traidores de la patria a los contrarios, a cambio de recibir el calificativo de narco políticos. Las tres principales fuerzas políticas tienen políticos asociados a la delincuencia, y más valdría actuar de conjunto en contra ellos en vez de seguir en la incompetencia de determinar qué fuerza política está más corrompida o asociada con el crimen.
¿Está dispuesto el gobierno y cuenta con los operadores para hablar con políticos, empresarios, banqueros, fiscales, jueces, intelectuales y periodistas para contar con un apoyo crítico y condicionado a fin de romper el vínculo mencionado, a sabiendas de la talla del sacudimiento? ¿Qué dicen esos actores y agentes de poder al respecto: ampararían o desampararían la ruptura? *** Cancelar el lance iniciado por el gobierno y recular supone, desde luego, recaer en la simulación y, aunque se quisiera, no dejarían las cosas como están. Implica un costo, un costo elevado.
La autoridad y la credibilidad que, con tanto trabajo ha venido construyendo la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a sí misma y el ejercicio del poder, se vendría abajo. No bastaría dejar de hablar del asunto para arrumbarlo en el olvido. Por si ello no bastara, dejaría ver hacia dentro y hacia fuera de Morena la fragilidad y debilidad de su posicionamiento. Quizá, incluso, se vería presa de quienes en Morena como en el tricolor y el albiazul encuentran en la política la puerta para entrar en negocios con el crimen, asociándose o encabezando esa nociva alianza que carcome la posibilidad de fijar un horizonte nacional. Y presa también de los halcones que le hablan al oído al vecino del norte a venir acá no sólo por delincuentes, sino también por sus socios políticos.
Suspender la acción emprendida y no mencionarla más en los discursos no acaba, solapa el problema y lo incentiva. Asimismo, deja en una situación precaria a los altos mandos policiales, militares y navales comprometidos en darle oportunidad al Estado de derecho.
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Si no se pasó de la decisión a la vacilación en el afán de separar política y delito, es preciso ratificar la postura y mandar una clara señal al respecto.
sobreaviso12@gmail.com @SobreavisoO En la continuación o cancelación de las acciones emprendidas para separar política y delito, el gobierno se juega el porvenir del sexenio y la posibilidad de estampar su sello.
