Suprema Corte ordena reinstalación y pago millonario a jueces federales destituidos
La anterior integración de la Suprema Corte de Justicia anuló la destitución de un juez y un magistrado federales antes de concluir sus funciones el 31 de agosto. La Corte ordenó la reinstalación de Francisco Javier Montaño Zavala, quien se desempeñaba como juez Segundo de Procesos Penales Federales en Nayarit, así como el pago de todos los salarios que dejó de percibir. La decisión se tomó luego de determinar que el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aplicó una norma equivocada al iniciar el procedimiento en su contra.
Montaño había sido separado del cargo por presuntos casos de acoso laboral y sexual, omisiones en sus declaraciones patrimoniales, depósitos no justificados en 2016, y por abrir de manera irregular un incidente de libertad preparatoria a favor de reos que aún no estaban sentenciados. Durante el periodo de suspensión para investigación, de julio de 2020 a marzo de 2022, el juez percibió únicamente el 33 % de su salario, y dejó de recibirlo por completo tras su destitución. Ahora, se le deberá pagar aproximadamente 10 millones de pesos, monto que seguirá incrementándose mientras el Órgano de Administración Judicial (OAJ) cumpla la sentencia de la Corte.
El fallo, aprobado por seis votos contra dos, determinó que el CJF cometió un error al basar el procedimiento de responsabilidad en un Acuerdo General vigente desde el 7 de diciembre de 2018, cuando la investigación había iniciado el 13 de junio de ese mismo año y correspondía aplicar el acuerdo anterior.
Por su parte, el magistrado David Barredo Villanueva, adscrito a un tribunal de Campeche, también obtuvo la reversión de su destitución impuesta en 2019. La Corte concluyó que el retraso en el dictado de sentencias no constituía una falta grave que justificara la destitución. En su caso, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) deberá imponer una sanción más leve.
Protector de Zebadúa: destitución confirmada
En contraste, la Corte confirmó por unanimidad la destitución de Felipe Sifuentes Servín, juez en Tapachula en 2020, quien protegió a Emilio Zebadúa, principal implicado en la Estafa Maestra del sexenio 2012-2018, frente a acciones de la FGR. Aunque la versión pública del fallo omite el nombre del beneficiario del amparo, las fechas coinciden con los trámites legales de Zebadúa, y Sifuentes insistió en llevar el caso pese a existir un amparo idéntico en otro juzgado.
Sifuentes ya contaba con antecedentes polémicos, como la suspensión otorgada en 2009 a la aerolínea Aviacsa, permitiéndole operar pese a la prohibición del Gobierno.
La Corte también ratificó la inhabilitación por 10 años de Daniel González Vargas, sancionado en noviembre de 2018 tras la denuncia del SAT por permitir el ingreso masivo de autos “chocolates” cuando era juez en Mexicali.
Estos recursos fueron resueltos en sesiones privadas los pasados 3 y 10 de junio, salvo el caso de González, votado en agosto de 2024, aunque su sentencia se notificó un año después.
