Torres Cofiño exige una ley contra la extorsión que proteja a ciudadanos y empresas
El diputado federal Marcelo Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional (PAN), lanzó una crítica contundente contra la recién aprobada Ley General contra la Extorsión, al considerar que “nace incompleta y evita enfrentar la realidad más dolorosa, que es la colusión del gobierno federal con el crimen organizado, por acción o por omisión”.
Reconoció que la legislación incorpora nuevas definiciones y endurece las penas, pero subrayó que no aborda lo que realmente está golpeando la economía de las familias mexicanas: la extorsión como un “impuesto criminal” que fija precios, cobra piso y controla rutas, mientras las autoridades federales permanecen indiferentes. “Por eso todo está más caro”, advirtió.
El legislador señaló que la ley deja fuera aspectos esenciales que afectan directamente a la vida cotidiana de millones de personas. Entre ellos, la llamada “inflación criminal” que encarece alimentos y servicios, la falta de obligación para que instituciones como la Secretaría de Hacienda, el INEGI y el Banco de México midan el impacto económico del cobro de piso, y la ausencia de mecanismos de protección para las micro, pequeñas y medianas empresas, principales víctimas de este delito.
También criticó que no se establezca responsabilidad para las autoridades que permiten que municipios enteros sean capturados por la extorsión, ni obligaciones claras para las empresas de telefonía, plataformas digitales y bancos, que muchas veces son utilizadas como canales para consumar estos delitos.
“Cuando las extorsiones salen desde cárceles y en carreteras manda el crimen, eso no es incapacidad: es complicidad. Una ley que no quiere ver eso, no quiere resolver nada”, sentenció Torres Cofiño.
En paralelo a su postura crítica sobre la Ley contra la Extorsión, el diputado presentó una iniciativa que busca corregir lo que calificó como una “injusticia histórica”, que es el castigo laboral y previsional que enfrentan quienes suspenden su empleo para atender cuidados familiares graves.
La propuesta contempla reconocer hasta 52 semanas de cotización en el IMSS y hasta 12 meses en el ISSSTE para las personas que interrumpan su trabajo por esta causa. Además, plantea incluir en la Ley Federal del Trabajo la posibilidad de suspender temporalmente la relación laboral sin pérdida de antigüedad ni derechos, siempre con dictamen médico correspondiente, y que el Estado cubra las cuotas durante ese periodo.
Torres Cofiño subrayó que cuidar no puede seguir siendo motivo de castigo. “Si la familia es el corazón de México, la ley debe latir al mismo ritmo. Mi iniciativa reconoce que cuidar también es trabajar, también es aportar y también es construir país. Cuidar es dar tiempo a la vida. Y la vida merece protección”, expresó.
