El programa federal Maíz-Tortilla, impulsado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ha sido recibido con escepticismo y rechazo por parte de los industriales de la masa y la tortilla en la región lagunera.
Entre las causas está la calidad del maíz ofrecido, pues se calcula que el grano disponible es del año pasado o incluso de ciclos anteriores, lo que genera dudas sobre su frescura y valor nutricional. Además, el esquema de adquisición implica un pago anticipado de 6,000 pesos por tonelada, más los costos de flete y descarga, lo que encarece aún más el insumo.
“Ese maíz es del año pasado o quizás del antepasado. Entonces, la verdad es que no nos interesa”, dijo José Guadalupe de la Torre Nava, presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla, quien explicó que las condiciones ofrecidas no responden a las verdaderas necesidades del sector.
Durante una mesa de trabajo en Saltillo, el dirigente expuso que los apoyos federales disponibles, como los créditos de FIRA o el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, no están diseñados para atender las particularidades del gremio tortillero.
En el caso de FIRA, al ser una banca de segundo piso, los créditos deben canalizarse a través de instituciones financieras comerciales, lo que termina por igualar las tasas de interés a las del mercado tradicional.
“Son programas abiertos para todo el mundo, pero no están pensados para nosotros. El crédito termina saliendo igual de caro que en la banca comercial”, explicó.
Los industriales de la tortilla insisten en que el verdadero apoyo debe centrarse en la aplicación efectiva de las normas oficiales mexicanas NOM-187, NOM-051 y NOM-252. Estas regulaciones establecen criterios sobre la higiene en la elaboración de tortillas, el etiquetado de los productos y el empaque inviolable para evitar contaminaciones.
“Si se aplican estas normas, se fomenta la formalidad y se protege al consumidor. Eso nos daría certidumbre y estabilidad en nuestros negocios”, afirmó de la Torre Nava.
En estados como Aguascalientes ya se han dado pasos importantes en este sentido, con mesas de trabajo entre autoridades sanitarias, Cofepris y representantes del sector. En La Laguna, los industriales esperan una segunda convocatoria para continuar el diálogo con la Secretaría de Agricultura.
El dirigente del sector también abordó el tema de los precios. Aunque actualmente el costo de la tortilla se mantiene estable, advirtió que el aumento del 12% al salario mínimo para el próximo año, frente a una inflación estimada del 4%, podría presionar al alza los precios del producto.
“Al aumentar el salario mínimo y reducir las horas de trabajo, se disparan los costos. Pero por ahora, pedimos a los compañeros que no suban los precios. No es el momento”, dijo, apelando a la sensibilidad social del gremio.
Aunque el rechazo al programa Maíz-Tortilla es claro, no cierran la puerta al diálogo. Sin embargo, el dirigente insistió en que cualquier acuerdo debe partir del reconocimiento de las verdaderas necesidades del sector y de una voluntad política real para aplicar las normas que garanticen la calidad y seguridad del producto.
“Si nos apoyan con la aplicación de las normas, con gusto nos sentamos a negociar. Podemos llegar a un acuerdo razonable para todos”, expresó.
Tortillerías en La Laguna exigen apoyo real y aplicación de normas sanitarias en vez de programa federal