El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, representa una pérdida dolorosa para Michoacán y para México. Mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a la comunidad uruapense. Corresponde honrar con respeto, justicia y responsabilidad, a pesar de las voces que aprovechan tragedias como ésta para buscar ventaja política y deslegitimar a las instituciones, con la intención de sembrar desconfianza e inseguridad en la sociedad, incapaces de entender que la seguridad, la justicia y la paz no son banderas de confrontación, sino causas comunes del Estado mexicano. No lo olvidemos: politizar el dolor es una de las formas más bajas de corromper a la sociedad.
Desde el año 2018 nuestra política de seguridad cambió para siempre, al dejar atrás la idea de que la seguridad se alcanza con mano dura. Si bien esta medida no debe estar ausente en territorios altamente conflictivos, siempre debe responder a dos principios: focalización (espacial y temporal) y atención a las causas estructurales. De ahí que desde el gobierno federal se han definido líneas estratégicas que reconocen a la inteligencia policial, a la inteligencia social, a la coordinación interinstitucional, al combate a la impunidad y a la atención de las causas, como ejes de la política nacional en materia de seguridad.
Ahora es tarea del gobierno estatal liderar la coordinación territorial y operativa. En este sentido, las Mesas para la Construcción de Paz deben convertirse en espacios con metas semanales y rendición pública sobre detenciones, aseguramientos y sentencias. La profesionalización policial, los controles de confianza y la asistencia técnica a los municipios, como se ha insistido antes, son esenciales para mantener el control del territorio. Los ayuntamientos, como primer frente del Estado ante hechos delictivos y criminales, requieren más que nunca profesionalizar su gestión, pues gobernar en contextos de riesgo exige método y planeación; no podemos seguir desarrollando acciones públicas sin análisis de seguridad, ni movilidad institucional sin registro. Desarrollemos manuales de protección, bitácoras de desplazamiento, protocolos de evento seguro y comités de integridad. A las fiscalías les toca blindar la verdad procesal; pues no basta con detener, hay que demostrar y en este sentido cada homicidio de una autoridad debe investigarse como un ataque directo al Estado, con enfoque de red, cadena de custodia impecable y judicialización rápida, pues como ya lo hemos visto en el pasado, sin sentencias firmes, toda estrategia se desvanece. La Federación debe continuar con los esfuerzos para fortalecer la protección a autoridades locales, con protocolos actualizados, diagnósticos de riesgo dinámicos y equipos mixtos de inteligencia civil, ministerial y militar; y el Poder Judicial debe mantener el equilibrio más difícil: celeridad y garantías. Los congresos federal y estatales deben revisar los mecanismos de protección, sin legislar desde la urgencia ni sobrerreaccionar desde el miedo. A la sociedad y a los medios de comunicación corresponde informar e informarse con rigor, honrar a las víctimas con respeto y no permitir que la violencia sea usada como argumento de polarización.
Recuperar la autoridad no es concentrar poder, sino reafirmar el principio civil de la legalidad. Es demostrar que el Estado mexicano puede proteger a quienes lo representan y servir a quienes lo necesitan.
Carlos Manzo fue un servidor público que, con compromiso y valor, gobernó uno de los municipios más complejos del país. Su esfuerzo por sostener el orden institucional frente a la adversidad merece respeto. Que su memoria nos recuerde que la política, en su sentido más alto, es una forma de servicio a la vida pública.