Violencia familiar en Coahuila: una crisis silenciosa de puertas adentro

La violencia contra las mujeres en Coahuila no se tomó vacaciones en 2025. Tampoco pidió tregua ni mostró señales claras de arrepentimiento. Mientras los discursos oficiales hablaron de avances y de una aparente reducción de delitos de alto impacto (como el feminicidio), los números cuentan otra historia. Una más incómoda. Más densa. Más real.

Según el "Informe de violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911", elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte al 30 de noviembre de 2025, el estado vivió un año marcado por miles de agresiones físicas, sexuales y, sobre todo, familiares.

Porque si algo deja claro el reporte es que el peligro, muchas veces, no acecha en la calle oscura, sino en la sala, la recámara o la cocina. Ese espacio que debería ser refugio y termina convertido en campo de batalla.

Un dato contundente es el que arrojó la violencia familiar: 13 mil 667 carpetas de investigación abiertas entre enero y noviembre. Más de 13 mil historias donde la palabra "hogar" perdió su significado. Esto representa el 5.5 % del total nacional, con una tasa de 401.94 casos por cada 100 mil habitantes. Una cifra que no grita, pero sí martilla.

En contraste, el informe no registra delitos tipificados específicamente como violencia de género. Es decir, la violencia existe, se denuncia, se llama al 911, pero no siempre encuentra el nombre adecuado para ser perseguida.

Por otro lado, en el terreno de los delitos extremos, Coahuila reportó nueve víctimas de feminicidio, el 1.3 por ciento del total nacional, con una tasa de 0.53 casos por cada 100 mil mujeres. Todas mujeres adultas. Nueve vidas truncadas en un año. A esto se suman tres homicidios dolosos de mujeres y 63 homicidios culposos, uno de ellos de una menor de edad. La estadística, fría, no distingue edades; la violencia tampoco.

Las lesiones dolosas completan el cuadro: dos mil 76 mujeres víctimas, de las cuales 131 eran menores. Niñas y adolescentes aprendiendo demasiado pronto que el mundo puede ser hostil, incluso antes de entenderlo.

En materia de violencia sexual, los números tampoco permiten consuelo. Se registraron 469 presuntos delitos de violación, una tasa de 13.79 casos por cada 100 mil habitantes, además de 35 casos de corrupción de menores y tres de trata de personas.

Las llamadas al 911 funcionan aquí como un termómetro emocional del estado. Y la fiebre es alta. 33 mil 458 llamadas por violencia familiar, 12 mil 646 por violencia de pareja y 2 mil 718 por violencia contra la mujer. Cada llamada es una urgencia. Un pedido de ayuda. A veces, un último intento.

En cuanto a violencia sexual, el número de reportes también es revelador: 383 por abuso sexual, 465 por acoso u hostigamiento y 86 por violación. Coahuila aparece, así, con porcentajes relevantes a nivel nacional en este tipo de reportes.

Las cifras provienen de denuncias formales y reportes ciudadanos. No son suposiciones ni exageraciones. Son rastros documentados de una violencia que persiste, muta y se normaliza con inquietante facilidad. Especialistas y organizaciones coinciden: estos datos no deberían archivarse, sino usarse. Para prevenir, para atender, para romper la impunidad.

CIFRAS QUE REFLEJAN  UNA CRUDA REALIDAD

La información que sostiene este informe no nace de la improvisación ni del rumor, sino de dos corrientes de datos que el Centro Nacional de Información (CNI) ha aprendido a canalizar como un ingeniero del siglo XXI: con precisión técnica y paciencia burocrática.

Por un lado, la incidencia delictiva, esa contabilidad dolorosa que se alimenta de las carpetas de investigación abiertas ante el Ministerio Público, registradas mes a mes por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas. Son números que avanzan con paso lento, como expedientes que se apilan en un archivero infinito, pero que cargan el peso concreto de hechos reales.

Por otro lado, están los incidentes asociados a las llamadas de emergencia al 9-1-1, una fuente más inmediata, casi nerviosa, que el CNI sistematiza desde 2016 a partir del Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia.

Aquí la información no llega con la solemnidad del papel sellado, sino con la urgencia de una voz al otro lado de la línea. Proviene de los 194 Centros de Atención de Llamadas de Emergencia distribuidos en el país y viaja, cada mes, desde los C5 y C4 estatales hasta el CNI, como un pulso eléctrico que recorre la anatomía institucional del Estado.

De esta doble mirada -una formal y otra instantánea, una lenta y otra vertiginosa- surge el valor estratégico del documento. No estamos frente a un simple inventario de cifras, sino ante una herramienta que permite dimensionar la violencia contra las mujeres en su verdadera escala: medir su magnitud, seguir su tendencia y ubicarla en el mapa con la frialdad de la estadística y la gravedad del fenómeno social.

Cumpliendo además con el Acuerdo 04/XLII/2017 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el informe consolida su carácter oficial y se erige como referencia obligada para el análisis y la toma de decisiones.

Porque, al final, estos datos no solo describen la realidad: la interpelan. Y obligan a preguntarnos qué hacemos, o dejamos de hacer, con lo que sabemos.