Frente a la iniciativa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en torno a la Ley de Aguas Nacionales y una nueva Ley General de Aguas, las 82 organizaciones que forman la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida, las 34 contralorías locales y regionales autónomas del agua en el país, y la Red Nacional de Sistemas Comunitarios del Agua presente en 21 entidades federativas, entregaron a la Presidencia de México, a la Consejería Jurídica, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Dirección General de la Conagua y a la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, un documento que contiene una propuesta de 7 ajustes sustantivos a los articulados, a fin de "que el proyecto cumpla con las expectativas de la Presidenta y los derechos del pueblo". Argumentarían incluso en Parlamento Abierto.
El 14 de octubre las organizaciones expresaron su preocupación por la iniciativa de la Conagua de dos leyes de aguas presentada a la LXVI Legislatura.
Advirtieron que el proyecto de la Conagua conserva los mecanismos que generan sobreconcesionamiento, acaparamiento, privatización y contaminación de las aguas nacionales.
Señalaron aspectos de la salinista Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992 que quedan intactos o hasta reforzados.
La Conagua propone mantener la privatización de grandes obras hidráulicas y de sistemas municipales, bajo términos que han generado concesiones leoninas como de la planta de tratamiento de Atotonilco y de los sistemas de agua de Puebla, Quintana Roo, Saltillo y Puerto de Veracruz.
La "participación" sería a través de los Consejos de Cuenca formados en los años 90, en donde sólo los gobiernos y grandes concesionarios tienen voz y voto.
Se mantendrá sobreconcesionamiento, acaparamiento y mercadeo del agua: A través de una nueva figura llamada "la reasignación", un "derecho" del concesionario, la compra y venta de concesiones en cuencas y acuíferos deficitarios requerirá la autorización de la Conagua. El "Fondo de Reservas de Agua" reemplazará los "Bancos del Agua" y servirá como espacio para reconectar intereses que buscan comprar derechos con potenciales vendedores, principalmente comunidades y ejidos.
Se extendería el período durante el cual los concesionarios podrán mantener sus volúmenes sin ocuparlos, de dos a seis años.
Su propuesta de Ley General de Aguas propone una estrategia en 6 etapas de 10 años para lograr el derecho humano al agua en 60 años.
Mantiene el sistema de compra-venta de derechos al interior de los Distritos de Riego que ha resultado del despojo de derechos, afortunadamente cerrando la puerta al cambio de uso.
Mantiene el sistema autorregulado de pago de "derechos por contaminar" que ha envenenado las aguas del país.
Favorece esquemas para construcción y privatización de megaobras costosas y mal concebidas.
Seguiría permitiendo la destrucción de acuíferos por la extracción de gas por "métodos no convencionales".
Su propuesta de Ley General de Aguas es más bien enunciativa de principios sin aterrizaje.
Cinco instrumentos de "política pública del agua" se encuentran en la LAN; el sexto, siendo la "Estrategia Nacional", define objetivos a lograr en 6 etapas de 10 años.
Reconoce el papel de los sistemas comunitarios de agua y de los sistemas administrados por pueblos indígenas, pero no ofrece ningún mecanismo para contar con los volúmenes requeridos, ni para tener acceso a la tarifa para uso público urbano; actualmente pagan la tarifa industrial.
Anuncia que la regulación de la captación de aguas pluviales será competencia de la Federación.
Así es que la ley "fuerza" sigue siendo la LAN salinista, a la cual hace como única reforma el reemplazo de términos: "el Titular" por "persona titular" y "Distrito Federal" por "Ciudad de México".
Sigue sin mencionar mujeres, pueblos indígenas y sistemas comunitarios, y sólo dice derecho humano al agua una vez.
Las organizaciones proponen ajustes a los articulados para lograr los siguientes fines.
Uno.- Desprivatización: No permitir arreglos "en corto" entre empresas y políticos que han resultado en concesionamiento de grandes obras hidráulicas y sistemas municipales bajo términos secretos, desfavorables al pueblo, y aunque las empresas en todos los casos incumplen han sido imposibles de terminar antes de largos plazos firmados.
Dos.- Acceso equitativo: Obligar a la Conagua a extinguir los volúmenes sobre los cuales los grandes concesionarios no han pagado derechos, incluyendo extracciones agrícolas excesivas, y usarlos para corregir la sobreexplotación de cuencas y acuíferos, así como el despojo de pueblos indígenas, sistemas comunitarios, ejidos, comunidades y productores de autosustento.
Democracia: Reemplazar los Consejos de Cuenca por Consejos Regionales de amplia participación, incluyendo pueblos indígenas, sistemas comunitarios, comunidades afectadas por contaminación, investigadores, defensores, junto a los tres órdenes de gobierno.
Planes inmediatos y vinculantes acordados por los Consejos Regionales para cumplir con los objetivos propuestos a 60 años por su Ley General de Aguas: Garantizar servicios de agua y saneamiento de calidad, erradicar contaminación y sobreexplotación de cuerpos de agua, erradicar la distribución inequitativa de agua, restaurar ecosistemas que sustentan la generación de agua, fortalecer la transparencia y acceso a la información.
Descarga Cero: Cobrar los permisos de descarga lo suficiente para financiar inspecciones, monitoreo ciudadano y telemétrico en tiempo real; exigir reparación de daños a salud y ambiente.
Revisión pública de propuestas de obras para asegurar que las que se aprueban tengan más beneficio y menos costos social, hídrico y ambiental a lo largo de la vida útil del proyecto.
No al fracking, a través de su prohibición frente a los daños irreversibles que genera.
¿Abrirán la puerta a estos cambios?
@kardenche