Son días clave para la legislación de agua en México, no fáciles. El 20 de octubre cambió la situación, marcó avances: la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados acordó realizar foros regionales de Parlamento Abierto para discutir las iniciativas en torno a la Ley General de Aguas (LGA) y reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN). Trece diputados de Morena y PT, encabezados por Reginaldo Sandoval Flores, José Narro Céspedes y Dolores Padierna Luna, presentaron la versión actualizada de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, originalmente entregada en 2020 a la LXIV Legislatura con 200 mil firmas comprobadas. La Coordinadora Nacional Agua para Todos presentó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, por medio del diputado Gabriel Garcia, una propuesta detallando los cambios requeridos para que el paquete presentado por el Poder Ejecutivo Federal cumpla con los objetivos anunciados. El día 21, en la mañanera del pueblo, la Presidenta Sheinbaum dio instrucciones de revisar errores que pudieran haberse incluido en la propuesta del Ejecutivo, como fue el caso en donde se permitiría concesionar cauces o vasos de aguas federales para la disposición de residuos mineros, y explicó que las reformas a la LAN tenían el objetivo exclusivo de poner fin a la transmisión de concesiones. Pero la Conagua y grandes intereses a favor de una aprobación rápida -uno destacado dentro de la 4T- se interponían para impedir los foros regionales de Parlamento Abierto y la construcción de consensos.
Las 82 organizaciones de la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida, las 34 contralorías autónomas del agua locales y regionales, y la Red Nacional de Sistemas Comunitarios del Agua presentes en 21 estados, reconocieron la sensibilidad social de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados por tomar el acuerdo de organizar foros regionales de Parlamento Abierto para discutir y enriquecer las iniciativas legislativas presentadas con el fin de contar con un marco legal capaz de enfrentar la crisis hídrica en el país.
Son cuatro iniciativas de Ley General de Aguas presentadas: una, del 12 de noviembre de 2024, por la diputada Xóchitl Zagal, de Morena; otra, del diputado Hugo de la Rosa, también de Morena, del 9 de septiembre de 2025; una más, del 17 de octubre, de 13 diputados de Morena encabezados por los diputados Reginaldo Sandoval, José Narro y Dolores Padierna; además de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 2 de octubre.
Las primeras tres iniciativas comparten aspectos: Proponen una Ley General de Aguas integral que permitiría la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales.
Proponen prohibir la privatización del agua, y reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas en sus territorios.
Proponen reemplazar las instancias de colaboración actuales de cercanía entre el gobierno y los grandes usuarios, por espacio de amplia participación.
Proponen además someter el manejo de las concesiones a criterios determinados por procesos regionalmente consensuados de programación hídrica.
Describen mecanismos concretos para garantizar acceso al agua por parte de los pueblos indígenas y sistemas comunitarios.
Incluyen provisiones de contraloría y para la protección de defensores del derecho humano al agua.
Por su parte, el paquete presentado por el Ejecutivo Federal propone conservar la Ley de Aguas Nacionales, con reformas para lograr la neutralidad de género -"la persona titular" en vez de "el titular"- y para reemplazar "Distrito Federal" con "Ciudad de México".
En cuanto a los cambios sustantivos, crea delitos y aumenta sanciones. Sobre todo, reemplaza la libre compra-venta de concesiones, con "reasignaciones", las cuales son consideradas un "derecho" del concesionario. Requerirían de la autorización de las Oficinas Centrales de la Conagua, sin especificar los criterios a ser aplicados para determinar quién se beneficiaría de la reasignación.
Agua para Todos considera que en la nueva legislación, para evitar un grave riesgo de colapso hídrico, deben quedar mínimamente los siguientes cambios esenciales.
Uno.- Derogar el capítulo "Inversión privada... en infraestructura hidráulica federal", considerando que ha dado lugar a concesiones para obras costosas, poco efectivas e imposibles de cancelar.
Dos.- No conservar los Consejos de Cuenca ni el Consejo Consultivo del Agua, dado que representan sólo a los grandes concesionarios del agua. En su lugar se propone Consejos Regionales de composición mixta, que sean ampliamente representativos.
Reemplazar los mercados de agua con la planeación consensuada y no con el ejercicio centralizado y arbitrario de la autoridad. En vez de la opacidad y discrecionalidad en el manejo de las "reasignaciones" en manos de las Oficinas Centrales propuesta por el paquete del Ejecutivo, se propone que los Consejos Regionales acuerden la programación hídrica requerida para reducir el sobreconcesionamiento de sus cuencas y acuíferos, y para asegurar acceso al agua por parte de los pueblos indígenas, sistemas comunitarios, núcleos agrarios y productores de autosustento, así como para las demás prioridades que sean determinadas localmente.
Corregir el sobreconcesionamiento y acaparamiento, a través de la extinción de los volúmenes para los cuales los concesionarios no han pagado derechos. Para obtener los volúmenes requeridos para estabilizar cuencas y acuíferos y cumplir con los derechos humanos y colectivos, se propone dar un plazo a la Conagua en un transitorio, para que vincule el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes, en donde se registra el pago de derechos, con el Registro Público de Derechos de Agua.
Obligar a la Conagua a defender el interés público sobre el interés particular.
Se abrió la puerta al debate nacional de la ley de aguas que México necesita.
@kardenche