Un 2 de julio de 1926, un decreto convertido en ley sacudió la tranquilidad del país que todavía no se acomodaba a los estertores de varias asonadas militares, la persecución antirreligiosa iniciada por Álvaro Obregón y el asesinato del caudillo a manos del propio régimen que el mismo había ayudado a construir.
En una fecha como hoy-hace 100 años- fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la llamada Ley sobre Delitos y Faltas en Materia de Culto Religioso y Disciplina Externa, misma que pasaría a la Historia penosamente, siendo conocida como la "Ley Calles", debido a que fue impuesta nada menos que por quien se autodenominaba ahora como el "Jefe Máximo de la revolución", que fue el presidente Plutarco Elías Calles.
Aun y cuando la persecución antirreligiosa en México había sido iniciada con la dictadura de Victoriano Huerta al proscribir al Partido Católico Nacional-que también había postulado a Francisco I. Madero como Presidente-y perseguir a sus Diputados y miembros, esta fue continuada extrañamente por las hordas anti huertistas de la llamada "revolución constitucionalista" encabezada por Venustiano Carranza como Primer Jefe de la misma.
Sin embargo, la represión anticatólica nunca había sido formalizada como tal durante el siglo XX hasta que se realizó una serie de reformas al Código Penal, siendo estas aprobadas y promulgadas hasta el 14 de junio del mismo año, aunque será su publicación oficial la que marcó la aplicación de las mismas.
Este ordenamiento constaba de 33 artículos que sistematizaron de manera estricta el Artículo 130 de la Constitución queretana de 1917 junto con otras tantas disposiciones relacionadas con el culto religioso y la educación pública, de modo que lo que anteriormente se habían tipificado como simples sanciones administrativas pasaron sin criterio alguno a convertirse en delitos penales, castigados con multas e incluso con penas de hasta cinco años de prisión sin más razón que un capricho personal o de grupo.
Entre las nuevas disposiciones se encontraban una limitación absurda del número de sacerdotes, el registro obligatorio ante los gobiernos locales, la necesidad de obtener licencias otorgadas por la autoridad civil para poder ejercer el ministerio, la discriminación contra sacerdotes extranjeros que ejercían su ministerio en México desde varias décadas atrás, la prohibición del uso de sotanas y trajes religiosos en lugares públicos, la prohibición de portar cruces o símbolos religiosos y el que los Templos católicos pasaban a convertirse eufemísticamente en "propiedad de la Nación"
Para la población mexicana quedaba claro que estas medidas autoritarias se hacían para convertir en algo imposible el ejercicio del ministerio sacerdotal, la práctica de la fe cristiana y constituían un atentado contra la Libertad de conciencia y de expresión de los ciudadanos, advirtiendo que no se trataba-como retóricamente se había tratado de vender desde el siglo XIX-en ningún momento de separar a la Iglesia del Estado sino de someterla por completo bajo el control del nuevo régimen autoritario.
Como respuesta ante este nuevo orden de cosas que nadie había pedido y que tampoco respondía a ningún tipo de demanda popular, el Episcopado Mexicano se vio obligado a decretar la suspensión del culto público a partir del 1 de agosto de 1926, considerando que no era posible aceptar disposiciones que atentaban no solo contra la libertad de la Iglesia sino también contra la libertad de consciencia, hecho que a la postre arreciaría la represión armada por parte del Gobierno contra religiosos y laicos, culminando la misma con el encarcelamiento y asesinato de los denominados Santos mártires duranguenses-el Padre Luis Batis, el Sacerdote Mateo Correa y los laicos Manuel Morales, David Roldan y Salvador Lara-en el antiguo Real de Minas de San Pedro de Chalchihuites (Zacatecas), hecho que por la indignación y repudio popular que generaron fue el origen de los primeros levantamientos armados que detonaron la Revolución Cristera; sin duda, uno de los episodios nacionales más épicos y trágicos de la Historia de México en el que laicos, religiosos, hombres, mujeres, ancianos y hasta niños tomaron parte activa para defender unos de los Derechos Humanos más sagrados como lo son la Libertad de Consciencia y de Expresión.
