Las tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos están poniendo en riesgo el trabajo indispensable que realiza la red de 53 consulados encargados de proteger y defender a los connacionales que viven en ese país.
Se trata de una red única en el mundo por su tamaño y por la cantidad de servicios que brinda a casi 40 millones de mexicanos y descendientes de mexicanos residentes en Estados Unidos, quienes además envían miles de millones de dólares en remesas cada año. Pese a ello, la red consular opera bajo una austeridad absurda, aun cuando genera importantes ingresos mediante el cobro de servicios. Ese tema merece una columna aparte.
Como parte de la polarización política, se ha difundido la idea de que el activismo de Morena invadió los consulados. Revisé el perfil de los 53 titulares y encontré que actualmente el 66 por ciento son diplomáticos de carrera y el 34 por ciento corresponde a nombramientos políticos. Las cifras se mantienen dentro del rango observado en las cinco presidencias anteriores. En ambos grupos hay funcionarios buenos, regulares, malos y pésimos.
Uno de los retos más delicados para este gremio -me comentan integrantes experimentados del servicio exterior- consiste en aplicar la instrucción recibida hace varios sexenios de ayudar a los connacionales a defender sus derechos. Eso incluye facilitar el acceso a la ciudadanía estadounidense y, por tanto, al voto. El mandato puede prestarse fácilmente a la politización. Para emitir un juicio más preciso habrá que esperar los resultados de la investigación estadounidense.
La revisión de los consulados ocurre en un contexto en el que cerca del 60 % de la población estadounidense ve a México con desconfianza. Esa percepción atraviesa a funcionarios de ambos partidos. La comisionada de la DEA nombrada por Joe Biden, Anne Milgram, aseguró ante el Congreso que "los cárteles de Sinaloa y Jalisco representan la mayor amenaza criminal" en la historia de Estados Unidos. A ello se suma la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, que refleja la narrativa impulsada por Donald Trump: México como un narcoestado.
En este contexto se inserta la acusación y la petición de extradición hecha por el Departamento de Justicia. Hasta ahora, la presidenta los defiende con argumentos endebles que detallo con un análisis del contenido de las seis mañaneras posteriores a la difusión de la acusación. A Rocha Moya lo menciona lo menos posible (en ocho ocasiones) y pone el acento en la defensa de la "soberanía" (invocada en 42 ocasiones) y en la exigencia de "pruebas" (¡99 veces!).
Exigir pruebas se ha convertido en uno de los recursos más desgastados de los gobiernos mexicanos, sin importar el partido. A veces sirve para justificar ineficiencias y corrupciones; otras, para proteger a cómplices del crimen. Hemos llegado al absurdo de poner en riesgo una red consular estratégica para el país con tal de proteger a una decena de morenistas que, de acuerdo con la prensa confiable, acumulan señalamientos suficientes para ser considerados presuntos delincuentes.
La exigencia de pruebas raya además en el fariseísmo, como muestra el caso del más cuestionado de los 53 cónsules. Pável Meléndez Cruz, veterano del PRD y Morena, es conocido por su inclinación a la confrontación abierta. Desde que asumió el consulado en Denver en 2023, acumuló una denuncia ante la FGR presentada por el defensor de migrantes Javier Martínez Calzada y una decena de acusaciones ante el Comité de Ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El 29 de septiembre de 2025, Dolia Estévez publicó un artículo donde detallaba el fallo adoptado por el Comité antes mencionado. En esencia, validó las denuncias. Dolia me facilitó una copia del documento fechado el 12 del mismo mes. En cuatro cuartillas confirman que Meléndez Cruz practicó el favoritismo hacia sus incondicionales, utilizó "estereotipos de género" y se burló del "físico de las personas", entre otras acusaciones. El Comité recomendó a la cancillería dar "seguimiento a las constantes problemáticas". Se desconocen -aunque se intuyen- las razones por las cuales el cónsul en Denver permanece en el cargo. Es parte de un añejo patrón de impunidad y complicidades.
¿Para qué piden pruebas si cuando las hay las ignoran?